Dando por hecho el más que previsible impacto ecológico que la ampliación del actual Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá en los Pinares de Venecia, hay un elemento clave que, hasta la fecha, poco se ha considerado. Este es la rentabilidad económica de la citada ampliación.
Si contamos con los hechos, a día de hoy muchas de las empresas dedicadas a este sector pasan por serias dificultades económicas. La situación de estos negocios se debe, entre otras razones, al sobredimensionamiento de las instalaciones. Esto conlleva el cobro de entradas más elevadas y la necesidad de apoyo financiero de las administraciones, además de un desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Entre las dificultades que estos negocios tienen que afrontar están la fuerte inversión inicial; la escasa rentabilidad debido, entre otros factores, a la estacionalidad; el reducido número de proveedores en su mayoría extranjeros, lo cual los posiciona en desventaja al limitar su capacidad de negociación; y por último, cómo no, el sobre dimensionamiento de las instalaciones.
En otras palabras, la ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza se prevé como una nueva versión del cuento de la lechera cuyas consecuencias terminaríamos pagando desde lo público.
Un ejemplo claro fue el Parque de Atracciones de Artxanda (Bilbo), inaugurado en 1974 y rescatado con dinero público para terminar cerrando sus puertas. Otro caso es Senda Viva en Navarra, que tuvo que ser rescatada por el gobierno navarro para pasar a condición de público.
La rentabilidad de estas instalaciones se basa en tres pilares: la adaptación a la llamada “masa crítica real”, dicho de otro modo, el público potencial sin hacerse trampas al solitario, la posición geográfica y la actividad turística de su entorno.
El actual Parque de Atracciones de Zaragoza, “rara avis” dentro del sector, cumple con una situación de equilibrio, lo que propicia la obtención de beneficios.
La pretensión por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de romper este equilibrio va en contra de las leyes conocidas en el sector. La propuesta de la alcaldesa Chueca y el concejal Serrano desconoce datos favorables y se hace en ausencia de estudios de impacto ambiental y de rentabilidad.
Como dato a conocer, el Ayuntamiento licitó un estudio económico-financiero con un coste de 18.150 euros sobre la modernización del Parque de Atracciones de Zaragoza. La licitación se hizo a fecha 2 de diciembre y el plazo de ejecución del proyecto, como consta en el pliego de condiciones, era de un mes.
Nada se sabe de los resultados de este estudio, pero es significativo que a más de un mes de cumplido el plazo de presentación, no se hayan hecho eco del resultado. No me cabe duda que, de ser favorable a sus planteamientos, les hubiera faltado tiempo para sacarlo a la luz.
Dicho esto, y obviando las razones ecológicas de la defensa de los Pinares de Venecia, de enorme peso, los datos desmienten las pretensiones de Chueca y Serrano y dan la razón a las vecinas y vecinos organizadas en la Plataforma “Salvemos los Pinares de Venecia” —que siguiendo con las movilizaciones, han lanzado una campaña de recogida de firmas—. La marcha atrás del proyecto de ampliación se impone.