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Cuatro familias continúan en grave riesgo de desahucio en Zaragoza pese a su vulnerabilidad

Como hiciera hace un mes, la plataforma Stop Desahucios volverá a manifestarse ante el Gobierno de Aragón para exigir soluciones de protección para cuatro familias al borde del desahucio por impago de alquiler todas en una clara situación de vulnerabilidad
| 9 febrero, 2019 07.02
Cuatro familias continúan en grave riesgo de desahucio en Zaragoza pese a su vulnerabilidad
Foto: Pablo Ibañez (AraInfo)

Stop Desahucios volverá a manifestarse por la solución a los problemas que vienen sufriendo las diferentes familias que pasan por su asociación casi diariamente. “No queremos promesas que nunca llegan, queremos que se cumpla la ley de emergencia que existe en nuestra comunidad y protege a las familias ante la pérdida de su vivienda habitual al carecer de recursos para pagar el alquiler”, advierten desde la plataforma.

En esta ocasión lo harán por cuatro familias, que no son más que la muestra de los muchos casos que cada semana pasan por la plataforma. “Son cuatro familias con nombres y rostros que están viviendo la angustia de no tener un techo para sus hijos”. Desde Stop Desahucios aseguran que los problemas de las familias con emergencia habitacional están aumentando, por lo que el  próximo lunes 11 de febrero de 10.00 a 14.00 horas se concentrarán ante el Gobierno de Aragón para exigir que “dejen de mentir y de hacer promesas”.

Lo cierto es que el problema de la vivienda no ha dejado de existir y tras el boom de los desahucios de vivienda hipotecada consiguiente al boom del ladrillo, el relevo lo ha retomado el aumento de desahucios de vivienda en alquiler, agravado por el aumento tanto de los precios de alquiler como la precariedad laboral y salarial.

A esto hay que sumar que el parque de viviendas en régimen de alquiler social sea en el Estado español el más bajo de toda la Unión Europea. En Aragón, más de 3.000 familias se encuentran en lista de espera para acceder a una de estas viviendas. En la ciudad de Zaragoza el Ayuntamiento dispone de 2.303 viviendas de alquiler social mientras que el Gobierno de Aragón gestiona 816 en este régimen. Unas cifras que continúan estando muy lejos de los niveles de precariedad económica extendidos en la sociedad.

Unos desahucios que tienen rostros y nombres

Milagros, su pareja Raúl y sus cinco hijos menores sobreviven con los 730€ del IAI en una vivienda social del Gobierno de Aragón y ahora les comunican que tienen que abandonarla ya que la dueña de la vivienda la necesita. Tras la última movilización, desde el Gobierno de Aragón se les da como solución que se marchen a vivir a Monzón. La explicación para este traslado es que «no hay vivienda en Zaragoza», algo que desde Stop Desahucios consideran “una mentira” pues aseguran que sí hay vivienda en Zaragoza.

Como Milagros y Raúl, está también Samara, su pareja y su hija y en espera del nacimiento de un hijo que viene con problemas. Una familia que tiene fecha de desahucio para el 11 de mayo. A ella también con vulnerabilidad extrema le mandan a Puente la Reina de Chaca, alegando también que no existe vivienda en Zaragoza.

Josefa, su marido y sus cinco hijos menores a quienes el propietario de la vivienda les desahucia el próximo 13 de febrero por no poder pagar el alquiler. Como Milagros y Raúl viven con los escasos recursos del IAI de 730€. Esta familia solicitó acogerse al convenio del poder judicial, la FAMCP y el Gobierno de Aragón y fueron declarados por el IASS como especialmente vulnerables. A falta de cuatro días para la fecha del desahucio la dirección General de Vivienda ha decidido, contra lo que dicta el propio juez, que se trata de un fin de contrato y por tanto no tienen derecho a entrar en el convenio y a ser realojados.

Por último, José Ramón, Verónica y su pequeño de dos años. Ellos trataron de pagar al propietario de la vivienda con las ayudas de urgencia, pero este se negó e inició un procedimiento judicial para el desahucio por falta de pago del alquiler. El desahucio está señalado para el 22 de febrero y como Josefa y su familia se acogieron al convenio siendo estudiada la situación por el IASS que declaró la unidad familiar como de especial vulnerabilidad y como en el caso anterior valoró la inclusión en programa de vivienda. La Dirección General de Vivienda como en el caso anterior dice que se trata de un fin de contrato y por tanto no tienen derecho a entrar en el convenio y a ser realojados.

9 febrero, 2019

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