Se cumplen cuatro años del incendio de Ateca que calcinó 14.000 hectáreas de bosques públicos y campos de cultivo.
El caciquismo de un propietario que quería ganar dinero plantando árboles para vender derechos de CO2 y que no quería esperar a hacerlo en los periodos normales del año, invierno o primavera.
La impericia dolosa de dos empresas especializadas (una holandesa y otra aragonesa, del mismo pueblo del entonces presidente autonómico) que obviaron lo ilógico de plantar en verano y del riesgo de picar piedra en plena ola de calor a 40º C, por las chipas.
La permisividad cómplice de un gobierno de Aragón que autorizó unos trabajos que no autoriza ni a los agricultores y que no exigió sistemas contraincendios en los trabajos, sólo llamó a “tomar precauciones” para intentar lavarse las manos judiciales si el asunto se complicaba.
Unos ayuntamientos rurales que no tienen (o no aplican) protocolos de autoprotección que exijan una serie de medidas para construir en previsión del fuego o que mantenga informada a la población de la ubicación de hidrantes y mangueras contraincendios o lugares de refugio seguro. Los incendios nunca pudieron enfrentarse sin organización social. Pero también requiere la educación en protocolos de autoprotección para saber cuándo evacuar o cuándo y dónde aislarse.
Un gobierno de España que sigue sin crear una ley marco que obligue a los gobiernos autonómicos a tomar medidas serias contra el abandono rural y la custodia de los bosques o para implementar sistemas de vigilancia térmica satelital o de vigilancia con drones en los bosques en periodo de incendios. Y que obligue a los ayuntamientos a desarrollar y aplicar protocolos de autoprotección.
Un gobierno europeo que se inventa unos derechos de CO2 negociables en el mercado para que las empresas que contaminan paguen por seguir contaminando, pero parezca verde. Si algo demostró el incendio de Ateca es que los árboles recién plantados no retiran CO2 de la atmósfera pero sí permite vender derechos de CO2, lo cual no es ni verde, ni sostenible, es un engaño. El incendio de Ateca emitió más CO2 del que el supuesto bosque que iba a plantarse hubiera absorbido en 100 años.
Aquél incendio, además de contaminación, produjo una pérdida de valores naturales y de riqueza para todo Aragón. De hecho, nadie ha pagado aún. El gobierno de Aragón dio algunas ayudas pequeñas, muy pequeñas, para acallar el ruido vecinal.
Sólo ha enriquecido a alguna empresa que recogió la madera quemada (que según los técnicos del Gobierno de Aragón es de agradecer para evitar plagas de xilófagos) para quemar en centrales térmicas (que ya sabemos que están subvencionadas porque han sido declaradas verdes por Europa, a pesar de que contaminan tanto o más que las de gas). Pero apenas hay madera sostenible para las centrales térmicas de biomasa, así que se alimentan de incendios, burlando las leyes que pretendían evitar que cualquier negocio pudiera alimentarse con los incendios.
Si algo evidenció este incendio es que la despoblación y la pasividad administrativa en el cuidado de los bosques y, especialmente, de los campos aledaños así como la ausencia total de planes de prevención reales (como el pastoreo o el arado de campos de prevención); la falta de implicación de la sociedad local en el cuidado de los bosques (repoblaciones y podas por vecinos, no por empresas ajenas); o el cambio climático, nos están llevando a una situación de alta vulnerabilidad de las zonas rurales a los incendios.
Este año, como cada año, vuelve a sucederse el rosario de incendios, cada vez más agresivos debido a los vientos climáticos y del abandono. También a la especulación y al dinero fácil. Que hubiera muertos era cuestión de tiempo. Cada año es más probable. Que no sepan o no quieran organizar un sistema eficaz contraincendios o enviar una simple alerta a tiempo, ya es lo habitual, como si fuera una pantalla obligatoria de un videojuego. Porque toda nuestra vida es un videojuego: los telediarios, los debates, la política o la Justicia.
Todos los gobiernos autonómicos tienen sus consejeros o “ministros” de despoblación y de “gestión ambiental” y, sin embargo, cada año tienen peores resultados. Ningún cese, ninguna dimisión, ningún cambio. Estos cargos no están para solucionar los problemas de despoblación o de preservación natural (no olvidemos que es esencial para la propia salud humana), sino para justificar jurídicamente la invasión de grandes empresas (extranjeras en su mayoría) que vienen a llevarse nuestra riqueza y nuestros recursos. Algo interesante deben ofrecer estas empresas a gobernantes y asociaciones empresariales, aunque son una ruina para la sociedad. Pero la sociedad no se reúne todas las semanas con los gobernantes y estas empresas sí. Y ya conocemos el espíritu servil español, para el que el cacique siempre fue un líder a seguir y emular.
En cuatro años no hemos aprendido nada. Y parece que la concienciación, parafraseando a Fernández Campo, ni está ni se la espera.
