Críticas al Gobierno de Aragón por su oferta de información sobre cláusulas suelo

Podemos considera que el Gobierno de Aragón debe informar a las personas afectadas por cláusulas abusivas no solo de la vía extrajudicial que prevé el decreto, sino también de la vía judicial, en la que pueden exigir el cumplimiento de sus derechos al completo

Amparo Bella. Foto: Podemos Aragón.

Podemos Aragón alerta de que el anuncio del Gobierno de Aragón de facilitar información a los afectados por cláusulas suelo busca aplicar el real decreto del Partido Popular, que beneficia una vez más a las entidades bancarias ya rescatadas varias veces con dinero público y que limita los derechos de las personas afectadas.

En Aragón, hay un número aproximado de 40.000 hipotecas afectadas por este tipo de cláusulas abusivas, y se calcula que las entidades bancarias tendrían que devolver a sus clientes alrededor de 800 millones de euros.

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todas las cantidades cobradas ilegalmente deben devolverse de forma íntegra, sumándole los intereses de demora.

Podemos considera que el Gobierno de Aragón debe informar a las personas afectadas por cláusulas abusivas no solo de la vía extrajudicial que prevé el decreto, sino también de la vía judicial, en la que pueden exigir el cumplimiento de sus derechos al completo, como avala la sentencia del TJUE.

El anuncio del Gobierno de Aragón afirmaba que "las direcciones generales de Protección de Consumidores y Usuarios y de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón ofrecen a las personas que estén interesadas información sobre las cláusulas suelo y sobre la forma en la que pueden tramitar las reclamaciones extrajudiciales al respecto", haciendo referencia a este mecanismo concreto de reclamación, impulsado por el gobierno español del Partido Popular.

Podemos cree que es fundamental para garantizar los derechos reconocidos que desde las instituciones públicas se ofrezca un servicio de mediación y acompañamiento a todas las personas afectadas en la reclamación de sus derechos ante las entidades bancarias y considera que la medida anunciada este viernes por el Gobierno es insuficiente, exigiendo a Lambán que no abandone a los derechos de los 40.000 aragoneses y aragonesas afectados.

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