Costa Rica acaba de prohibir la caza comercial y deportiva de especies silvestres, además de su tráfico y posesión como mascotas. Ecologistas en Acción considera que es un ejemplo a seguir en el Estado español, frente a la ola pro-cinegética de algunas administraciones.
La prohibición en Costa Rica, uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, es un precedente histórico y una muestra de madurez de su ciudadanía, ya que fue promovida a través de una iniciativa legislativa popular.
Ecologistas en Acción considera que una medida así sería perfectamente viable y necesaria en el Estado español. Lo contrario de una realidad como la actual, en la que los grupos de presión cinegéticos imponen sus criterios de caza intensiva y agresiva por encima de la sensibilidad social. Se mantienen métodos crueles y masivos, se privatizan espacios naturales para la caza, se trasforma el medio natural con cercas, tiraderos y caminos.
Además, hay un notable descontrol sobre la posesión de especies de fauna que está alimentando el tráfico ilegal y dando lugar a la introducción de especies invasoras en nuestros ecosistemas.
Son varias las administraciones contagiadas por una ola pro-cinegética que amenaza con cambiar las leyes de conservación de la naturaleza y de los espacios protegidos, incluidos la de los parques nacionales, para ofrecer más privilegios a la caza y favorecer a la élite de gestores y propietarios de terrenos cinegéticos y a las federaciones. Incluso se llega a subvencionar la caza en las escuelas, como está ocurriendo en Castilla y León.
Frente a esta situación, la Ley de Conservación de Vida Silvestre aprobada en Costa Rica muestra el poder de la ciudadanía movilizada. Más de 175.000 firmas recogidas por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestres (Apreflofas) pudieron con la oposición de varios partidos políticos.
Ecologistas en Acción celebra el paso dado por Costa Rica, que demuestra la posibilidad de aplicar modelos de gestión respetuosos con la biodiversidad. El país centroamericano apuesta por defender los derechos de todos y fomenta el turismo de naturaleza que beneficia al conjunto de la población. Un ejemplo a seguir por nuestras administraciones públicas.
