Corrupción en La Muela: muchos sabían, muchos callaron

Este martes da comienzo en Zaragoza la vista oral del que sin duda ha sido el mayor proceso por corrupción de Aragón, el llamado caso de la Muela, en el pueblo del mismo nombre muy cercano a la capital aragonesa

La Muela
Ayuntamiento de La Muela. Foto: lamuela.org

142 delitos imputados y 40 personas acusadas en el banquillo, en un proceso que se resume en 84.405 folios de sumario en el que hay de todo: comisiones, construcciones irregulares, pelotazos urbanísticos, desaparición de dinero público o infraestructuras delirantes para un pueblo de 5000 habitantes.

Pero sobre todo flotará en el aire, como desde el primer momento en que se empezó a desarrollar este caso, un pesado silencio sobre cómo se llegó a este extremo y cuántos sabían de lo que estaba sucediendo. Demasiados espacios de sombra se quedarán sin aclarar en torno a este municipio.

Aunque, a lo mejor, tampoco es nada muy novedoso. Igual sólo es el típico caso de corrupción made in Spain, que apesta por los cuatro costados pero nadie parece percibir el hedor.

Llamativo era que un pueblo se lanzara a tan evidente despilfarro de dinero público, aunque favorecido por su cercanía a la capital que lo bendijo con un gran polígono industrial. También eran especialmente rentables sus instalaciones eólicas y la burbuja ladrillera que edificó cientos de unifamiliares.

Aún así parecía demasiado subvencionar viajes al Caribe a los muelanos, pagar el caché de Julio Iglesias para que inaugurara su faraónico auditorio o construir con dinero público las que en su momento eran las instalaciones deportivas más lujosas de Aragón o una plaza de toros cubierta para 2500 personas.

Todos estos gastos y fastos llamaban la atención a todo el mundo menos, por lo visto, a las autoridades a las que no sorprendían los tres museos y el pequeño zoo con que contaba el municipio y que costaron cerca de 20 millones de euros, lo mismo que las instalaciones deportivas.

Tampoco llamaba la atención a nadie, por lo visto, el tren de vida de la alcaldesa María Victoria Pinilla y su familia, o no debía chocar el hecho de que la promotora Aranade, envuelta en todo el fregado desde un principio, amasara millones de euros a velocidad de vértigo.

El pacto de silencio en realidad era bien simple. Por un lado callaba la población local, favorecida por los nada menos que 150 puestos de empleados municipales, a temporadas incluso más. Muchos de esos puestos eran elegidos por pura “dedocracia”. Mucha voluntad comprada y mutismo asegurado.

En cuanto al consistorio no faltaba quien, tímidamente, advirtiera del negro futuro que le esperaba al municipio. Pero eran muchos los que habían metido mano a la caja o se habían beneficiado de una u otra manera.

Respecto al lógico endeudamiento que generaba tal derroche se recurrió a la huida hacia adelante, asumiendo créditos millonarios y renegociando los mismos. Por otro lado no se pagaban cuotas a la Seguridad Social y se adeudaba dinero a la Hacienda regional y estatal por importe de millones de euros. Pero la burocracia es lenta y cuando un caso puede salpicar es mejor no ser el primero en levantar la liebre.

Los niveles de endeudamiento fueron uno de los factores que empezó a llamar la atención, aunque las cifras reales se ocultaban. Pero cuando se destapó el pastel y las cuentas se conocieron se supo que 2010 finalizaba con nóminas adeudadas por 2 millones de euros y un descubierto de caja de gastos corrientes de más de 8 millones. Esto sin contar los créditos abiertos por los que aún quedan pendientes demandas como la presentada por Caja Duero y requerimientos de la Tesorería de la Seguridad Social o Hacienda.

A fecha de hoy solo una parte de las deudas se ha cubierto y el último préstamo público solicitado por el consistorio para gastos corrientes y pago de salarios es de 6'5 millones de euros, aunque la deuda actual brinca los 13 millones.

A la hora de las detenciones de la llamada Operación Molinos, un ya lejano marzo de 2009, a nadie pareció tampoco sorprender los nombres y cargos. El secretario del Ayuntamiento, el arquitecto municipal, la alcaldesa y varios miembros de su familia... Y de la parte de la empresa privada, varios responsables de Aranade, la promotora estrella del polígono Centrovía, con Carmelo Aured a la cabeza, que en estos momentos ya ha acumulado condenas por fraude fiscal, así como varios de sus colaboradores.

Por allí desfilaron muchos otros nombres y siglas, aunque las del Partido Aragonés (PAR) fueron las que más lo hicieron de largo. Eso sí, desde el PAR, partido que detentaba la alcaldía por mayoría absoluta, todos se limitaron a mirar hacia otro lado. Lo mismo hicieron los distintos socios de gobierno del partido bisagra.

Desde los empresarios aragoneses, antes tan amiguitos de Carmelo Aured y su empresa de éxito, se guardó un prudente silencio y sobre la conexión con Cuarte, otro de los baluartes del pelotazo urbanístico en Aragón, se prefirió echar tierra. A propósito de esto no olvidemos que Cuarte y la Muela compartían asesor urbanístico.

Muchas cuestiones, como ya he dicho, se han quedado en el aire y otras se tienen que resolver antes de que la vista comience, tras una instrucción del caso que ha durado seis años y de la que quedan flecos sueltos como los 11 millones de euros en acuerdos previos a la vista que se podrían recuperar.

Tampoco está claro cuánto puede llegar a durar el juicio, aunque se cree que podría ser hasta marzo de 2016, ni quién saldrá del banquillo por acuerdos económicos.

La petición de penas es considerable. 37 años para la ex-alcaldesa Pinilla, 22 para Aured, 20 para el arquitecto municipal Francisco Núñez. Pero de nada servirán las condenas a las víctimas colaterales del pelotazo de la Muela y, con toda probabilidad, tampoco se respondan muchos de los interrogantes que quedan en el caso.

Quedarán las víctimas del descontrol urbanizador en que cayó el municipio: urbanizaciones a medio edificar, grupos de casas sin las licencias preceptivas y las llamadas urbanizaciones fantasma, que quedaron aisladas en mitad de ninguna parte, sin ningún tipo de servicios.

También saldrán impunes todos los altos responsables del PAR que de una forma u otra consintieron la corruptela masiva. Un ejemplo: cuando la Diputación Provincial propuso por unanimidad suspender el plan urbanístico de la Muela en 2006, desde la DGA el entonces presidente del PAR José Ángel Biel tumbó la propuesta, pese a que hablaba, literalmente, de desarrollos desorbitados.

Y luego quedamos todos los demás aragoneses de a pie. La ciudadanía que pagó la fiesta, que ahora cubrimos la deuda vía impuestos y que, con toda seguridad, le seguimos pagando el sueldo o la pensión vitalicia a algunos de los muchos que sabían y que tanto callaron.

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