Al comienzo de esta legislatura, en cumplimiento del compromiso adquirido con las plataformas contra los desahucios, se aprobó un Decreto de emergencia, posteriormente, en 2016, una Ley de Emergencia, y además, existía la promesa de una Ley de Vivienda.
Casi cuatro años después, a pesar de que el número de lanzamientos por impago de alquiler no ha parado de subir, alcanzando –en opinión de Stop Desahucios- “vergonzosas cifras” en Aragón: 1.020 en el año 2013 y 1.070 en el 2017, las cosas no han mejorado. El Decreto está olvidado, la Ley de Emergencia sólo se utiliza para regular los requisitos de vulnerabilidad y la prometida Ley de Vivienda, a falta de cuatro meses para finalizar la legislatura, está en trámite parlamentario.
“Hemos oído durante este tiempo, en boca de los responsables del Gobierno de Aragón, que en Aragón ‘nadie se que queda en la calle por impago de alquiler y que se busca una alternativa habitacional digna a todo el mundo’”.
Desde Stop Desahucios Zaragoza quieren recordar que la “única solución” contra los desahucios continúa siendo todavía el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) “del PP” del año 2013.
“Un convenio restrictivo en todas sus formas: porque no es Ley, por tanto, es potestativo de la autoridad judicial aplicarlo o no, porque su ámbito de cobertura es exclusivamente para ejecuciones hipotecarias o impago de alquileres, dejando fuera al resto de familias o personas que se encuentran en otras situaciones, y porque además el camino hasta el realojo es infernal, dejando a gran parte de los afectados fuera y sin alternativa habitacional”, explican desde la Plataforma Antidesahucios.
Estas personas se quedan en la calle. Como muestran los datos del propio Convenio, de los 8.784 desahucios producidos en Aragón en los años de funcionamiento del mismo, tan solo se detectaron alrededor de 800 casos de vulnerabilidad, dando solución a una parte de ellos. “Naturalmente los datos son opacos y existe una enorme dificultad para conocerlos”, añaden.
“Otro problema, del que ya advertimos, es que las personas realojadas por Convenio, lo hacen a través de programas de colaboración con entidades sociales que tienen una duración de tres años y que pasado ese tiempo pueden quedarse otra vez en la misma situación, pero esta vez no por impago sino por finalización de contrato, aunque su situación de vulnerabilidad siga siendo la misma o haya empeorado”, subrayan. Estos casos se consideran "finalización de contrato", por tanto sin opción de alquiler social por emergencia. Es decir, estas familias también se quedan en la calle.
El caso de las "renuncias" también ha dejado fuera a unas cuantas familias. “Si a una familia se le adjudica una vivienda lejos de su lugar de residencia habitual y ellas dicen que no pueden desplazarse allí por distintos motivos (necesidad de hospital cerca, carecer de transporte...), se les obliga a firmar una renuncia, sin explicación previa, que les impide que otra administración les proporcione una vivienda y tienen como única opción, la calle”.
El Chustizia d’Aragón, a instancia de Stop Desahucios Zaragoza, ha hecho una recomendación en el año 2018, instando al Gobierno de Aragón a que los realojos lejos del domicilio sean temporales hasta tener una vivienda próxima al hospital.
“También tenemos compañeros que, en unos casos porque no eran lo suficientemente vulnerables para acceder por convenio (1,5 IPREM, 11,279,38 euros anuales), en otros porque no encuentran vivienda para alquiler debido a la desorbitada subida de los precios, o porque, a pesar de ser vulnerables, han tenido que renunciar a una vivienda por necesitar tener un hospital cerca, no han tenido más remedio que ocupar una vivienda de un banco, generalmente procedentes de desahuciados practicados a otras familias, y que ahora se enfrentan a un desalojo de la vivienda”. Estas no entran en convenio y también se quedan en la calle.
El artículo 19 de la Ley 10/2016 en el punto dos dice que los supuestos de lanzamiento por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler se aplicará a otras personas o unidades de convivencia de buena fe que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social. Sin embargo, y según Stop Desahucios, este artículo “no se aplica”.
“Las promesas se han quedado en eso, solo promesas. Hacer hincapié en la poca sensibilidad que han tenido con tres familias que firmaron un contrato de alquiler debido a un convenio firmado en la anterior legislatura y que este nuevo Gobierno no pensaba ratificar, dejando a las tres en la calle. Se nos prometió, públicamente en marzo de 2016, que solucionarían el problema en quince días. Tres años después, las familias siguen sin tener solucionado el problema”, aseveran.
Desde Stop Desahucios recuerdan al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, que estos datos “tienen nombre y rostros, y que si no hacemos nada, se quedan en la calle”.
Raúl y Milagros, con cinco hijos: finalización de contrato de alquiler social (31 de enero). El caso más urgente, no hay alternativa para ellos; José y Ruth, tres hijos: renuncia por necesidad de hospital; Salvador y Cristina, tres hijos: convenio sin solucionar con Sareb; Rubén, su mujer y sus tres hijos: convenio sin solucionar con Sareb; Joana, su marido y sus tres hijos: convenio sin solucionar con Sareb; Verónica y su hijo de dos años: ocupando una vivienda del Banco Santander al carecer de ingresos y estar a la espera de que le aprueben el Ingreso Aragonés de Insercción (IAI).
“No queremos más promesas, exigimos el cumplimiento de la Ley 10/16 de Emergencia”, apuntan desde Stop Desahucios. Por todo ello, y como muestra de rechazo a esta situación, han decidido convocar una concentración este martes a las 10.00 horas en la puerta del Edificio Pignatelli -sede del Gobierno de Aragón- (Paseo María Agustín, 36).
