Continúa abierto el proceso de participación tras la firma del Gobierno de Aragón y el estatal de un protocolo de actuación para la Transición Justa

Son ya 82 las propuestas remitidas por empresas, ayuntamientos, gobierno territorial, administraciones comarcales, asociaciones empresariales y ONG’s, entre otros. Un número significativo está directamente relacionado con la transición energética y, en particular, con iniciativas para la puesta en marcha de instalaciones de producción de energías renovables (fotovoltaica, eólica o biomasa)

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Foto: @mitecogob

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en representación de los municipios, han firmado este viernes de forma telemática el Protocolo de Actuación que desembocará -una vez se sustancie su elaboración participada por los agentes del territorio- en la firma del Convenio de Transición Justa para Aragón.

Los Protocolos de Actuación son documentos suscritos entre representantes de la Administración General del Estado, el territorio y los Entes Locales cuyo objetivo es reflejar el compromiso expreso adquirido por parte de las diferentes Administraciones para la elaboración de los Convenios. Estos, actúan como garantía para los diferentes actores y para los ciudadanos y ciudadanas de las zonas afectadas por la transición energética y, en ellos, las diferentes Administraciones se comprometen a un trabajo conjunto.

Proceso de participación pública

El pasado 27 de febrero se celebró en Andorra la reunión de lanzamiento del proceso de participación pública para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Aragón. Al acto asistieron 75 representantes de las Administraciones central y territorial, ayuntamientos, empresas, sindicatos, asociaciones ecologistas, grupos de acción local y de desarrollo rural, ONG's, y centros educativos y de investigación, entre otros.

Su objetivo es "permitir" a los agentes económicos y sociales de la zona afectada por la transición energética que formen parte activa del proceso de transformación económica en su territorio, aportando iniciativas que serán la base sobre la que se elaborará el Convenio de Transición Justa para la zona.

Hasta el momento son ya 82 las propuestas remitidas por empresas, ayuntamientos, gobierno territorial, administraciones comarcales, asociaciones empresariales y ONG’s, entre otros. La primera fase del proceso de participación para la recepción de las aportaciones de los agentes del territorio finalizará una semana después de que se levante la suspensión de los plazos administrativos.

De los 82 proyectos recibidos, un número significativo está directamente relacionado con la transición energética y, en particular, con iniciativas para la puesta en marcha de instalaciones de producción de energías renovables (fotovoltaica, eólica o biomasa) y con el refuerzo de la cadena de valor renovable a través de proyectos para la fabricación de componentes, la formación o la logística.

Otro grupo de propuestas nace de la tradición minera de la zona, "apostando por la puesta en valor del patrimonio, la restauración ambiental e ideas para usos no energéticos del carbón".

La agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria representan también un grueso importante de las iniciativas recibidas, "algunas de ellas de especial interés por su perspectiva innovadora y sostenible". Otras propuestas tienen que ver con la industria manufacturera, "incluyendo proyectos de alta innovación relacionados con la fabricación de nuevos materiales alternativos".

Finalmente, hay proyectos para avanzar en la gestión de residuos y la economía circular, la economía de los cuidados y los servicios empresariales- financieros, exportación, digitalización, por ejemplo -.

Todos los proyectos serán evaluados como parte del proceso de elaboración del Convenio de Transición Justa para Aragón y, una vez seleccionados, su ejecución se acompañará a través de diferentes fuentes de financiación y otras formas de apoyo.

Estas inversiones y proyectos generadores de empleo "impulsarán" la transición de la actividad económica de la zona, estrechamente vinculada a la extracción de carbón y la producción energética a partir de este combustible, "hacia un nuevo modelo productivo, diversificado y sostenible que garantice la reactivación económica, generando nuevas oportunidades para las personas y sin dejar a nadie atrás".

Los convenios de Transición Justa

Tal y como queda reflejado en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, enviado a las Cortes para su tramitación el pasado martes, 19 de mayo, los Convenios de Transición Justa "constituyen una de las herramientas de implementación de la Estrategia de Transición Justa" del Gobierno español. La firma de los Convenios se producirá al final del proceso de elaboración e incluirán las mejores propuestas para el desarrollo de empleo sostenible en las zonas.

Para ello, los Convenios de Transición Justa proponen trabajar "en procesos bien diseñados, con amplia participación de actores, transparentes e inclusivos, pero sobre todo que identifiquen proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen la generación y fijación de empleo en las zonas afectadas, sostenible en el medio y largo plazo, además de ser los más adecuados en términos ambientales, sociales y económicos y que dinamicen la transición ecológica. Se trata de unir participación social con profesionalización de los procesos".

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