Juana Rivas acudió el martes 22 de julio, a las 10:40 de la mañana, al punto de encuentro familiar de Granada, cumpliendo con la orden judicial que le exigía entregar a su hijo menor de 11 años al padre, el italiano Francesco Arcuri. A su lado, Daniel, visiblemente nervioso, dijo: “Me va a matar si vuelvo”. A pesar de esta declaración directa, del testimonio de su hermano mayor y de que el padre será juzgado el próximo 18 de septiembre en Italia por supuesto maltrato habitual, físico y psicológico contra sus hijos, la justicia española ha seguido adelante con una decisión que muchas voces feministas califican de violencia institucional.
El Tribunal Constitucional ha inadmitido la petición de medidas cautelares solicitadas por la defensa de Rivas. El argumento: que no se habían agotado los recursos de la vía ordinaria y que la petición carecía de “trascendencia constitucional”. La resolución permite que Daniel regrese con su progenitor, a pesar de que existe un procedimiento penal abierto contra él y numerosas pruebas que apuntan al riesgo para el menor. Para la justicia española, el caso no plantea cuestiones nuevas ni excepcionales, ignorando así la crudeza del contexto, las denuncias acumuladas y, sobre todo, el miedo explícito del niño.
Nada de eso ha sido tenido en cuenta en la resolución. Ni las más de 50.000 firmas entregadas en el Ministerio de Derechos Sociales pidiendo frenar la entrega. Ni la carta del hijo mayor de Juana Rivas, que advertía que su padre había amenazado con “matar a Daniel o desaparecer con él para siempre si hablaba”. Ni el juicio penal pendiente en Italia. Ni el criterio del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que insiste en que la voz de los menores debe ser escuchada y protegida.
“No nos rendiremos jamás”, equipo jurídico de Juana Rivas
En una decisión de última hora, la entrega no se produjo el martes como estaba previsto. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada acordó aplazar la entrega del menor a este viernes, 25 de julio. El auto confirmaba que, “vistas las circunstancias que se comunican por el personal del punto de encuentro familiar de Granada, proceden a la devolución del menor a la progenitora con la que se encontraba residiendo, en tanto es absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción”.
No obstante, aunque el proceso había sido aplazado la resolución del Tribunal Constitucional seguía vigente y también el riesgo para el menor. La prórroga no implicaba protección, solo una breve pausa en una maquinaria judicial que continúa funcionando de espaldas al interés superior del menor. Y así ha sido. Este viernes, Juana Rivas ha tenido que entregar a su hijo menor al padre, que ha puesto rumbo a Italia.
El martes, a la salida del punto de encuentro, Juana Rivas tuvo que ser trasladada en ambulancia afectada por una severa crisis de ansiedad. Las imágenes muestran a una madre devastada por tener que entregar a su hijo al hombre que denunció por violencia machista, y que ya fue condenado en 2009. Un maltratador condenado y con un juicio pendiente nunca va a ser un buen padre. El equipo jurídico de Juana Rivas ya ha adelantado: “No nos rendiremos jamás”.
“¿Dónde queda el interés superior del menor? ¿Dónde está el compromiso real contra la violencia de género y vicaria?”
Desde Zaragoza, la Coordinadora de Organizaciones Feministas emitió el pasado 16 de julio un comunicado de denuncia. En él, exigían la suspensión de la entrega, que se volviera a escuchar a Daniel, y que se protegiera tanto a la madre como al menor. En sus palabras: “¿Dónde queda el interés superior del menor? ¿Dónde está el compromiso real contra la violencia de género y vicaria?”. La Coordinadora recuerda que este caso no es aislado: es un símbolo de cómo la justicia patriarcal castiga a las madres protectoras y protege a los agresores.
El feminismo ha vuelto a responder allí donde las instituciones han fallado. Porque cuando el Estado calla ante el miedo de un niño, se convierte en cómplice. Porque cuando los tribunales ignoran el riesgo, el daño ya no es solo jurídico: es moral, es humano, y es político. Hoy Daniel sigue bajo la amenaza de ser enviado con su padre en solo unos días. Juana Rivas ha cumplido con lo que la justicia dictó, pero con el terror de una madre que teme por la vida y la integridad física y psicológica de sus hijos. Esto no es justicia: es violencia. Y no vamos a dejar de señalarla.
