A finales de 2022 se aprobó una partida presupuestaria de aproximadamente 3.500.000 euros para mejorar el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la empresa pública SARGA para adaptarlo a las necesidades de Aragón, los retos del cambio climático, los incendios de 6ª generación mucho más virulentos e imprevisibles, a un aumento de los días del año con alto riesgo de incendios forestales y a la necesidad de actuaciones preventivas más efectivas que necesitan ser efectuadas a lo largo de todo el año.
Este miércoles, 7 de febrero, tuvo lugar una reunión del Comité Intercentros con la dirección de empresa de SARGA. Esta comunico que no se iba a iniciar ninguna negociación para mejorar las condiciones laborales del Dispositivo Antiincendios, más allá de la presencia y contratación de los efectivos durante los 12 meses en el año 2023, sin asegurar que esto se consolide a futuro.
Desde OSTA señalan que la partida presupuestaria destinada a mejorar el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales finalmente la ha destinado para abonar el incremento de las retribuciones establecidas por el Gobierno español para los empleados públicos. “A su vez más de la mitad del importe de esta partida se derive a la contratación de servicios con empresas privadas, lo que consideramos intolerable en una empresa Pública”, dicen.
Desde OSTA llevan años reivindicando un cambio en el modelo actual del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios, “el cual sigue basándose en la precariedad de sus trabajadores y en modelos caducos de prevención y actuación frente a los incendios forestales”. Por ello, apoyaron desde un primer momento los movimientos realizados por el Departamento de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón para provocar ese cambio necesario e iniciado hace ya tres años.
Señalan que esta situación les “sorprende”: “La incongruencia de un gobierno que una vez más pisotea a un Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales cuyos trabajadores viven en el mundo rural donde ayudan a fijar población y servicios”.
Por todo ello y ante lo que consideran un engaño por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, exigen el cese inmediato del consejero Joaquín Olona.
