Este lunes se ha celebrado la primera jornada del juicio oral al expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, por el proceso participativo del 9N en 2014 y en el que son juzgados por "prevaricación" y "desobediencia grave". Casi dos horas y media de declaraciones, en las que Mas se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y a las de la acusación particular y únicamente lo ha hecho a las preguntas de su abogado, Xavier Melero.
Mas, Ortega y Rigau han llegado al TSJC con casi media hora de retraso, acompañados del president, Carles Puigdemont y arropados por miles de personas que les han acompañado en su recorrido desde la sede de la Generalitat a la del tribunal.
“La iniciativa política fue mía, como president que era”, ha asegurado el exdirigente catalán. “Quiero dejar claro que las directrices venían de la presidencia de la Generalitat y de mi mismo, los otros miembros del Govern siguieron estas directrices, eso afecta a Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs”, ha señalado el expresident. Respecto a si también fue responsable de la apertura de los institutos donde se dispusieron las urnas –pregunta de su abogado-, Mas ha afirmado que él era “el máximo responsable de la idea del proceso de participación”.
También ha recordado que la iniciativa de impulsar el 9N tenía “unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas” y a continuación ha realizado un repaso de los acontecimientos políticos desde que adelantó las elecciones en noviembre de 2012. Al mismo tiempo ha resaltado que desde un principio se dijo que la consulta no era vinculante ni tendría consecuencias jurídicas, por lo que a posteriori se convocaron elecciones para conocer la posición de la ciudadanía catalana, lo que supuso en el Parlament “una mayoría a favor de la independencia de Catalunya”.
Ante la suspensión del Tribunal Constitucional español, Mas ha explicado que tuvo que contraponer "dos deberes", el de escuchar la petición de la ciudadanía y de un proceso que estaba en marcha y el de atender una resolución del TC. "El otro deber era un deber mayor por el mandato parlamentario y el llamamiento de la ciudadanía", ha aseverado Mas. "Entendí que ante la imposibilidad de suspender, de la indefinición de la suspensión del TC y ante lo que pasaba en el país, mi deber era que esa jornada se pudiera celebrar en condiciones de normalidad democrática”, ha subrayado.
El expresident ha destacado que “más de dos tercios de los diputados elegidos en 2012 defendía una consulta sobre el futuro de Catalunya”, por lo que ha defendido que “el 9N no fue un capricho individual, una salida de tono o una ocurrencia”, sino que fue ”la consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios”. Por otro lado, Mas ha recordado que, tras el cambio de formato del proceso participativo del 9N, “la administración no tenía capacidad de llevarlo a cabo por sí misma”, y ha considerado que el Gobierno español “ridiculizó” la consulta alternativa convocada tras la suspensión.
Por lo que se refiere a la participación de las 42.000 personas voluntarias del 9N, otra de las cuestiones sobre la que ha sido preguntado el expresident, éste ha afirmado que “fueron elemento y pieza clave imprescindible de la organización”, y sin ellas hubiera sido “materialmente imposible” llevarlo a cabo dada la alta complejidad organizativa y logística del evento.
Por su parte, la exvicepresidente del Govern, Joana Ortega, y la exconsellera de Educación, Irene Rigau, han coincidido en declarar que no recibieron ningún requerimiento directo del Tribunal Constitucional, por lo que el Govern "no tenía claro cuál era el alcance ni los efectos" de la providencia del TC sobre el 9N.
Tras esta primera vista, la sesión se reanudará este martes a las 9.00 horas con las declaraciones de los y las testigos.
