Tras la reunión que mantuvieron este lunes el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ya han comenzado a producirse los contactos y los trabajos previos entre los técnicos y políticos de ambas instituciones para abordar conjuntamente el problema de la deuda mutua y de la futura Ley de Capitalidad.
Como consecuencia de ello, está previsto que las comisiones bilaterales se constituyan y comiencen a reunirse a partir del próximo día 20 de octubre, una vez finalizadas las próximas fiestas del Pilar. Para su trabajo, se prevé que utilicen como base la detallada documentación sobre deudas pendientes de pago al Ayuntamiento por parte de la DGA, competencias impropias, informes y estudios sobre la futura Ley de Capitalidad que la consejería municipal de Hacienda remitió al Gobierno de Aragón el pasado 26 de agosto. En dicha documentación se recogen los costes reales de las competencias que ejerce el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de acción social, educación y empleo, y que, al inicio de 2016, debería asumir la DGA o transferir al Consistorio zaragozano debidamente dotadas económicamente.
El objetivo que se plantea es lograr un acuerdo para que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016 figuren partidas concretas relativas al pago de la deuda de la DGA al Ayuntamiento y a dotar económicamente la futura Ley de Capitalidad que, como manifestó ayer el presidente de Aragón, Javier Lambán, podría estar aprobada en el primer semestre del año. En consecuencia, en el presupuesto municipal para 2016 también figurarían partidas concretas relativas a los ingresos provenientes del Gobierno de Aragón.
Los integrantes de las comisiones bilaterales que propone el Ayuntamiento de Zaragoza son, por la parte política, la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, el consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y la concejala de Educación e Inclusión, Arantxa García. La parte técnica estaría integrada por el coordinador general de Alcaldía, Iván Andrés, el coordinador general de Economía y Cultura, Miguel Ruiz, el coordinador general de Derechos Sociales, Ignacio Celaya, y la directora de Economía, Ana Sanromán.
Por su parte el Gobierno de Aragón ha asegurado que la primera reunión que se mantendrá será entre los representates de Economía y Hacienda de ambas instituciones, Fernando Gimeno y Fernando Rivarés. Sin embargo, parecen seguir dando largas en torno a la deuda.
Desde el Gobierno de Aragón, uno de los mayores problemas que encuentran es el obligado cumplimiento de la Ley de Sostenibilidad de las Haciendas Locales, "aprobada por el PP pero que ni ellos mismos se han atrevido a poner en marcha", denuncia Lambán, quien asegura que genera un problema "muy serio" a resolver. Ello supondrá que una amplia gama de servicios que actualmente prestan los entes locales sin financiación suficiente, tendrán que ser asumidas por las comunidades autónomas, lo que según el Presidente de Aragón es "financiera, material y logísticamente imposible de realizar". Por eso, debe estudiarse de manera inmediata cómo se aplica dicha ley “que espero que el próximo gobierno salido de las urnas el próximo 20 de diciembre suprima definitivamente”, argumenta Lambán.
El Plan Económico Financiero se realizará de "forma inmediata por imperativo legal" pero Lambán no cree que sea la solución. "Es puro remiendo para ir parcheando la situación". Reconoce que Aragón liquidará por encima del objetivo marcado por el Gobierno central y subraya que se trata de un problema estructural de financiación. Explica que con 400 millones menos, no se pueden elaborar unos presupuestos "creíbles" en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit y que sin recurrir a sus propios instrumentos de captación de ingresos por vía de la política fiscal "es imposible pagar a médicos y maestros sin ir agrandando el agujero del déficit y de la deuda".
