El próximo lunes 8 de octubre comienza la vista oral por el mayor caso de envenenamiento de fauna protegida registrado en el Estado español en la última década. Es un caso donde utilizaron cebos envenenados para eliminar depredadores en dos cotos de caza de las localidades de Tudela y Cintruénigo (Nafarroa). El veneno fue la causa de la muerte de 138 aves rapaces, entre ellas milanos reales, alimoches, milanos negros, aguiluchos laguneros y buitres leonados. Se trata de especies protegidas que, en algunos casos, como el milano real, están catalogadas como 'en peligro de extinción'.
Como resultado de las investigaciones emprendidas por los guardas forestales del Departamento de Medio Ambiente de Nafarroa y de la Policía Foral, se detuvo y se puso a disposición judicial a cinco personas, entre ellas los presidentes de ambos cotos y dos guardas de caza.
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación particular en este caso con el fin de que se determine la responsabilidad de los autores por los daños producidos y se imponga "una sentencia acorde con la gravedad de los hechos". Las tres organizaciones esperan que la decisión judicial contribuya a difundir un mensaje rotundo de "tolerancia cero" hacia una práctica que sigue muy extendida en el Estado español.
Uso de cebos envenenados
Los informes ‘El veneno en España (1992-2013) y 'Casos Graves de Envenenamiento en España' (2010-2015) analizan los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, una de las mayores amenazas para la biodiversidad, destacando el caso de Tudela-Cintrúenigo en este ranking. Tal y como revelan estos informes, en el Estado español se han producido 8.324 episodios de envenenamiento, que han causado la muerte de 18.503 animales.
Sin embargo, las ONG estiman que la cifra de envenenamientos de fauna en podría llegar a alcanzar los 185.000 casos, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no son localizados. A pesar de ser ilegal, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores, principalmente asociados a malas prácticas de gestión cinegética o ganadera.
Las ONG subrayan que la colocación de cebos envenenados es un método de caza "masivo", "no selectivo" y "cruento" para la fauna. Ponen especialmente en peligro a aves y mamíferos, algunos con poblaciones muy amenazadas, como el águila imperial ibérica o el lince.
También afectan a los animales domésticos, ya que se utiliza veneno para eliminar perros y gatos asilvestrados o para disputar rencillas. Además, supone un grave riesgo para la salud pública, ya que las sustancias con las que se preparan los cebos son de una elevada toxicidad y quedan expuestas al alcance de cualquier persona, especialmente niños y niñas, que pueden ingerirlos por equivocación. Por todo ello, su uso está prohibido por la legislación estatal y territorial y está tipificado como delito en el Código Penal.
La acción judicial de las ONG en este caso, que ha contado con el apoyo del proyecto Life+ VENENO, desarrollado por SEO/BirdLife entre 2010 y 2014, tiene por objetivo contribuir a reducir la impunidad con la que cuenta el uso ilegal de veneno y conseguir un reproche penal ante este tipo de delitos contra la fauna.
