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Colectivos sociales presentan acciones judiciales para aclarar las cuentas de la empresa público-privada CASAR

El Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) es una empresa público-privada sanitaria que gestionaba los hospitales de Chaca, Tarazona, Exeya, Fraga y la Mutua MAZ. En 2014 cerró por quiebra después de 9 años de funcionamiento.
| 29 diciembre, 2017 14.12
Colectivos sociales presentan acciones judiciales para aclarar las cuentas de la empresa público-privada CASAR
Colectivos exigen una auditoria del CASAR. Foto: @mareablancazgz

Unas 20 entidades han presentado acciones judiciales para obtener el acceso a las las cuentas de la gestión público-privada del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR). Una empresa sanitaria que agrupaba a los hospitales de Chaca, Tarazona, Exeya, Fraga y la Mutua MAZ. Este experimento finalizó en quiebra el 31 de diciembre de 2014 después de 9 años de funcionamiento.

Según han trasladado todas las entidades denunciantes, el Gobierno de Aragón se ha negado en reiteradas ocasiones a presentar las cuentas públicas de CASAR, la última fue en mayo de 2016 con la solicitud de una auditoria ciudadana dirigida al presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, y sobre la que todavía no tienen respuesta.

“La imposibilidad, por parte de la Cámara de Cuentas, de tener acceso a toda la información para poder realizar un informe riguroso, demuestra el oscurantismo existente en la gestión de este experimento público-privado”, han advertido desde la plataforma denunciante.

Las irregularidades y la falta de información que denuncian, para estas entidades son síntoma de que “ninguno de los gobiernos autonómicos desde la fundación del Consorcio en 2006, quiere asumir las responsabilidades de la gestión sanitaria que ha encarecido y dejado una deuda de decenas de millones € que tendrá que ser pagada por todas personas que viven en Aragón”.

Las acciones judiciales que han presentado contra los sucesivos gobiernos de Aragón y los Consejeros de Sanidad correspondientes, pretenden “aclarar las sombras que se ciernen sobre este modelo privatizado de gestión, así como la depuración de responsabilidades de los implicados, si fuera preciso”, según han confirmado en un comunicado.

Las entidades denunciantes son: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA), CGT-Sanidad Aragón, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón (PCPSA), Asociación Vecinal Barrio de San José, Asociación Vecinal Venecia Montes de Torrero, Asociación Vecinal Barrio de La Jota, Asociación Vecinal Barrio de La Paz, Asociación Vecinal Barrio de las Fuentes, Asociación Vecinal Actur Rey Fernando, Asociación Vecinal Puente de Santiago Actur, Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA), Plataforma Salud Mental Aragón. Podemos Aragón e Izquierda Unida Aragón.

29 diciembre, 2017

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