COESPE valora el Acuerdo sobre el Sistema Público de Pensiones

El acuerdo de mínimos deroga aspectos de la reforma de 2013 de Rajoy, y en este sentido para COESPE supone un avance respecto la situación anterior, sin embargo, se mantienen algunos aspectos negativos

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Foto: Concentración por las pensiones dignas en Zaragoza

El lunes 28 de junio se hizo público el contenido exacto del acuerdo entre Gobierno y agentes sociales sobre el Sistema Público de Pensiones (SPP).

El acuerdo de mínimos deroga aspectos de la reforma de 2013 de Rajoy, y en este sentido para COESPE supone un avance respecto la situación anterior. Así, reconocen algunas cuestiones positivas como que no hay información concreta sobre la privatización de las cotizaciones sociales hacia sistemas privados de pensiones como se planteaba en el Pacto de Toledo.

Se incluye una nueva fórmula de revalorización de pensiones ligada al IPC medio registrado, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Pero queda abierta su modificación a 5 años.

También acuerdan derogar el Factor de Sostenibilidad, que suponía la minoración de la pensión inicial en relación con la evolución de la esperanza de vida, pero bajo condición de aprobar un nuevo “factor intergeneracional” que descontara las pensiones en función de esperanza de vida.

Se habilita la transferencia de fondos a la Seguridad Social para asegurar su equilibrio financiero a cuenta de los presupuestos del Estado, pero sin abordar la eliminación de los gastos impropios de esta. Ello condena las pensiones a un aparente déficit perpetuo y se aleja de nuestra exigencia de auditoría y reducción de gastos impropios.

“Se revisa el modelo de jubilación anticipada, pero tratando de extenderla a los 68 años”, aseguran desde COESPA que añaden, se reducen algunos coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada para las personas voluntarias e involuntarias, y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades. Se iguala en este marco los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar.

Se plantea la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, incluyendo en ella el INSS, TGSS, ISM; “lo que podría ser positivo, ya que se unifican recursos humanos y materiales, pero podría convertirse en un paso más para eliminar la atención presencial a los ciudadanos, ya que desde 2016 se han suprimido 64 oficinas de atención al público; estamos totalmente en contra de la atención exclusivamente telemática, ya que perjudica claramente a la población más vulnerable, como son las personas mayores y de menos recursos”.

Se reconocen nuevos derechos a desarrollar o amplían algunos de los que ya existían, como la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional tengan o no carácter remunerado, o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia.

Sin embargo, este acuerdo respeta básicamente el contenido de la reforma del 2011, la cual supuso el penúltimo embate contra el Sistema Público de Pensiones.

Más allá de las cuestiones comentadas, para COESPE “el acuerdo encubre un intento de abrir paso a nuevos retrocesos, en aspectos que no menciona o que retarda para una concreción efectiva más adelante, en sintonía con los compromisos que recoge el documento de transformación y resiliencia enviado a Europa”. Entre ellos se encuentra el mantenimiento de la ampliación de la edad de jubilación a los 68, la disminución de la pensión al aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora y no contempla la jubilación anticipada sin penalización con 40 años cotizados.

Además, según informa COESPE, aumenta las rebajas a las cotizaciones sociales que aportan las empresas, establecidas en las anteriores reformas y que ahora incluye entre otras las rebajas de IT alas mayores de 62 años. Mantiene las pensiones más bajas muy por debajo del nivel de pobreza, frente a nuestra exigencia de pensiones mínimas y salario mínimo de 1.084 euros (como indica la Carta Social europea).

La brecha de género del 40%, que se trató de reducir con el Real Decreto 3/2021 solo en un 3%, ahora va a verse de nuevo incrementada por el aumento de los requisitos de años cotizados, que penalizará aún más a las mujeres. Una discriminación que además va implicar para las mujeres la prolongación de su vida laboral, al no alcanzar los años de cotización necesarios para jubilarse a los 65 años, advierten desde la coordinadora entre otras cuestiones.

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