Cocinas “in situ”: ¿Gestión pública o negocio privado?

La gran mayoría de los comedores escolares están gestionados por empresas de catering, prestando un servicio varias veces denunciado por la Plataforma por unos comedores escolares de calidad, con un personal de cocina en peores condiciones de trabajo que el personal laboral

comedores

Trabajo como cocinero en el comedor escolar del CEIP de Aínsa desde hace siete cursos, donde ofrecemos al alumnado una alimentación basada principalmente en alimentos ecológicos y locales, con gestión directa por el propio centro, donde parte del personal de cocina sigue siendo personal laboral de la DGA, como fueron en origen todos los comedores escolares del Estado, cobrando la misma cuota de 86 € al mes que el resto de colegios públicos de Aragón, generando superávit todos los cursos, y con una importante repercusión económica en una de las comarcas más despobladas de Aragón, el Sobrarbe.

Como representante del personal no docente, participo en los Consejos Escolares de mi centro, en uno de los cuales, debatiendo sobre el remanente causado por los continuos superávits del comedor, un compañero docente comentó que el centro tenía superávit porque parte del personal de cocina era pagado por la administración, y otra compañera docente comentó que el servicio de comedor no era un servicio público porque lo pagaban las familias.

Estas observaciones me parecen muy representativas del pensamiento colectivo al que nos han conducido las diferentes políticas neoliberales, tanto del PP como del PSOE. Y preocupantemente representativas del futuro que viene, cuando son expresadas por docentes que están educando a la futura ciudadanía, y además tienen lugar en un Consejo Escolar, máximo órgano decisorio de un centro educativo público, que es donde más se debería proteger lo poco que nos queda de sistema público.

Por ello, me gustaría dar la opinión que me he forjado en estos ocho años de personal laboral, sobre qué tipo de servicio es un comedor escolar público, u otro comedor en cualquier otro centro público, véase hospitales, residencias, o centros penitenciarios.

En su origen, allá por los 70, las cocinas de los comedores escolares, contaban con personal contratado por Administración local, en su mayoría mujeres, que a principios de los 90 pasaron a ser contratadas por el Ministerio de Educación. Más tarde, para ocupar estos puestos, se tenía que pasar una oposición pública, como fue mi caso. Los comedores eran gestionados por el propio centro a través del equipo directivo, y con un acompañamiento en el comedor realizado por docentes y alumnado de los últimos cursos. Y yo me pregunto, ¿si no era un servicio público, porqué lo dotaba la administración con personal público?

En los 90, las docentes y alumnado que ayudaban en el comedor, fueron sustituidos por la figura de las monitoras y monitores de comedor, contratadas por empresas privadas de catering y pagadas a través de la cuota de comedor que pagan las familias.

Desde entonces, diferentes procesos de privatización llevados a cabo por PP y PSOE, redujeron drásticamente los comedores escolares gestionados por el propio centro, para pasar a ser gestionados por empresas de catering, con las consiguientes subidas de la cuota de comedor.

A día de hoy los pocos centros que conservan sus orígenes, tienen unos equipos directivos desbordados por la burocracia, sin ayuda de auxiliares administrativos que les corresponden por cuota de alumnado, y a un personal laboral de cocinas haciendo horas extras no retribuidas, con bajas sin cubrir, y sin cumplir la ratio de personal de cocina regulada en la Orden del 24 de noviembre de 1992, por la que se regulan los comedores escolares, y que todavía ningún gobierno aragonés ha trasladado a la normativa autonómica, desde que se transfirieron las competencias en Educación.

El personal laboral de cocina no nos hemos quedado de brazos cruzados, pero tras más de dos años de reivindicaciones, incluyendo entrevistas con todos los grupos parlamentarios, una comparecencia en Cortes, y una Mesa de Trabajo que pocos frutos está dando hasta hoy, las largas por parte del Departamento de Educación tienen pinta de durar hasta las próximas elecciones. Todo parece indicar que quieren hacernos desaparecer.

La gran mayoría de los comedores escolares están gestionados por empresas de catering, prestando un servicio varias veces denunciado por la Plataforma por unos comedores escolares de calidad, con un personal de cocina en peores condiciones de trabajo que el personal laboral, e incluso se da la paradoja de que en una misma cocina puede haber personal laboral y de empresa privada, con sus consiguientes conflictos.

Ante este panorama, la única alternativa que ofrece el Departamento a las familias, es que ellas mismas gestionen el comedor con su trabajo voluntario.

Si creemos que los comedores escolares son un sitio donde llenar la barriga al alumnado, podemos dejarlos como están.

Pero si pensamos que un comedor escolar debe ser un lugar donde se alimenta a personas que están en etapa de desarrollo, que están adquiriendo unos hábitos alimentarios que marcarán su futuro; si creemos que pueden convertirse en una poderosa herramienta de transformación social, enseñando a ser consciente de las consecuencias medioambientales de nuestros hábitos de consumo, impulsando el consumo y producción de alimentos ecológicos y locales, colaborando a asentar población en una CCAA con graves problemas de despoblación como es Aragón; si queremos todo esto, os invito a exigir y defender unos comedores escolares públicos de calidad, porque es posible, urgente, necesario, y en Aínsa lo estamos demostrando.

Conformarnos con las cocinas “in situ” sin preguntarnos quién o cómo trabaja en ellas nos puede llevar a más de lo mismo, privatización. Es regalar a las empresas privadas fondos públicos para que hagan negocio, cuando llevamos décadas demostrando que la gestión directa es más viable económicamente y de una calidad mucho mayor. De las famosas cocinas “in situ” de nueva creación, no conozco ni una sola que sea de gestión directa por el propio centro, ni siquiera dotada con el personal laboral de cocina que le corresponde. No podemos conformarnos con que dejen a las AMYPAS gestionar los comedores con su trabajo voluntario, debemos exigir una gestión pública, es decir, desde la propia administración con personal laboral.

Todos los espacios en los que desde lo público se esté alimentando a la población, son espacios que contribuyen a disminuir la desigualdad social, por cuanto lo que coman esas personas deja de depender de su nivel de renta, y pasa a ser la garantía de cumplimiento de un Derecho Humano como es el de la alimentación.

Promover desde lo público una alimentación sana y sostenible para nuestra infancia, o para nuestras personas mayores, hospitalizadas o dependientes, puede y debe ser una herramienta más en el reparto y la asunción colectiva de los cuidados y de la educación alimentaria.

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