Cinco personas irán a juicio por la denuncia de Dolores Serrat

Las cinco personas imputadas como presuntos participantes en la protesta del pasado 12 de enero en Zaragoza en las inmediaciones del domicilio de la consejera de Educación, Dolores Serrat, en la calle Alfonso I, irán a juicio según ha ordenado el magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza tras la denuncia que presentó en su día la consejera. Serrat denunció a los participantes por un presunto delito de coacciones, aunque el juicio finalmente se celebrará por una falta, previsiblemete de coacción. Este podría ser el primer juicio que se celebra en el Estado español por un escrache, aunque …

"Acción Tupper" del pasado 12 de enero. Foto: El Ventano
"Acción Tupper" del pasado 12 de enero. Foto: El Ventano

Las cinco personas imputadas como presuntos participantes en la protesta del pasado 12 de enero en Zaragoza en las inmediaciones del domicilio de la consejera de Educación, Dolores Serrat, en la calle Alfonso I, irán a juicio según ha ordenado el magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza tras la denuncia que presentó en su día la consejera.

Serrat denunció a los participantes por un presunto delito de coacciones, aunque el juicio finalmente se celebrará por una falta, previsiblemete de coacción. Este podría ser el primer juicio que se celebra en el Estado español por un escrache, aunque en aquellas fechas estos actos no se denominaban con este término.

El acto consistió en la elaboración de un 'árbol de tuppers' en una farola de una calle céntrica de Zaragoza para protestar por los recortes del Gobierno aragonés en las becas de comedor en el que participaron medio centenar de personas. El juez señala que los lemas coreados no incluían contenidos de carácter injurioso, vejatorio ni intimidatorio, aunque su conducta pudo ser constitutiva de una infracción penal leve, por lo que ordena enjuiciar los hechos como falta. En la instrucción del caso, dos de los policías presentes negaron ante el juez haber observado ningún tipo de incidente ni coacción, y explicaron que solo se habían colocado los tuppers en una farola y se había leído un comunicado.

El pasado 1 de febrero ya comparecieron en el Juzgado Central de Instrucción de la plaza del Pilar nº2 de Zaragoza, los estudiantes Hugo y Rebeca. Ambos estaban citados para declarar en calidad de imputados por un supuesto delito de coacciones, bajo apercibimiento de Ley, por la denuncia interpuesta por la consejera de Educación Dolores Serrat después de la acción ‘Tupper Ware’, convocada por Marea Verde en la calle Alfonso de Zaragoza el 12 de enero. Ese día Marea Verde declaró a AraInfo su temor a que más personas fueran imputadas por este caso, temor que se ha cumplido.

La fecha del juicio aún no está fijada y hay un plazo de cinco días para recurrir la decisión del juez. Marea Verde estudiará las acciones a seguir. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, defiende la legalidad de los escraches. En declaraciones a la cadena SER afirmó la pasada semana que "si los escraches son pacíficos, y lo son, son un ejemplo de libertad de expresión".

IU Aragón lleva al Congreso la prohibición de la Delegación del Gobierno de manifestarse por la calle Alfonso I de Zaragoza

IU Aragón ha trasladado a su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, La Izquierda Plural, su denuncia por la reiterada prohibición de la Delegación del Gobierno en Aragón sobre las manifestaciones que incluyen en su recorrido la calle Alfonso I de Zaragoza. Una cuestión sobre la que ha solicitado información al Gobierno central el portavoz de Interior de La Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha solicitado al Gobierno central.

La Delegación del Gobierno en Aragón lleva prohibiendo, desde hace unos meses y de manera reiterada, el recorrido de manifestaciones sobre educación por la calle Alfonso I, que, casualmente, es donde vive la consejera aragonesa de Educación, Dolores Serrat. El pasado 18 de abril había sido solicitada, en tiempo y forma, una manifestación a favor de la educación pública que de nuevo volvió a ver cómo fue denegado su recorrido por la citada calle por parte del subdelegado del Gobierno en Zaragoza. Así, la marcha reivindicativa fue desconvocada por las organizaciones sociales y sindicales organizadoras de la misma y sobre lo que IU denunció que la Delegación del Gobierno “negaba, una vez más, la libertad de expresión y manifestación de los convocantes”.

Para el Coordinador de IU Aragón, Adolfo Barrena, “es indignante que, en un contexto democrático, la derecha insista en criminalizar las protestas ciudadanas” y recuerda que su formación política ha denunciado en reiteradas ocasiones la pésima y nefasta gestión de Serrat al frente del Departamento de Educación y la criminalización del Gobierno a quienes, legítimamente, expresan en la calle su desacuerdo con su gestión. En cuanto a las manifestaciones convocadas en defensa de la educación pública, Barrena insiste en que son protestas pacíficas, acciones reivindicativas en rechazo a los brutales recortes que está sufriendo la educación pública.

Por ello, Ricardo Sixto ha solicitado al Gobierno que aclare si no está prejuzgando con esta decisión de la Delegación del Gobierno un determinado comportamiento de los manifestantes e informe si Interior a dado órdenes a las respectivas Delegaciones del Gobierno y en concreto a la de Aragón, de prohibir aquellas manifestaciones democráticas si el recorrido solicitado coincide con la vivienda de un cargo público relacionado con el motivo de la convocatoria. En este sentido, IU solicita al Ejecutivo que diga si los convocantes de una manifestación deberán conocer a priori los domicilios de los distintos cargos públicos y sus competencias, con el fin de que en su solicitud se tenga en cuenta esta circunstancia, y en este caso, IU pregunta so se harán públicos los domicilios de los distintos cargos públicos.

“Es, desde el punto de vista democrático, inadmisible la criminalización que pretende hacerse de las protestas ciudadanas”, declara Adolfo Barrena para denunciar “la campaña puesta en marcha por la derecha, alimentada por determinados medios de comunicación, pretende establecer un cordón de seguridad que impida el ejercicio de un derecho democrático como es el de la manifestación en una calle pública por el mero hecho de que, en esa calle, resida un cargo público”.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies