
"Como queriendo confirmar que la amenaza de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no deja de ser un paso más en un proceso antidemocrático que sólo pretende acabar con cualquier muestra de protesta social o disidencia política, el calendario nos ha puesto fácil la relación con este juicio. La actitud autoritaria del delegado del Gobierno nos muestra otra de sus consecuencias contra personas cuyo único delito es el estar en desacuerdo con la política educativa del Gobierno". De esta forma denuncia la Asamblea del 15M de Zaragoza el juicio que se celebra hoy -en la sala de vistas Nº3 de los Juzgados de Zaragoza (avenida Ranillas edificio Fueros de Aragón)- contra cinco personas de Marea Verde por su supuesta participación en la tupperprotesta. Desde Marea Verde animan a acudir al juicio y dar apoyo a las personas imputadas. Para ello han convocado una concentración a las 9.00 horas.
La acción tuvo lugar en la calle Alfonso en un “ambiente alegre y pacífico”, sin embargo la consejera Dolores Serrat “reaccionó de manera desmesurada y denunciando a los participantes por ‘acoso’, aunque esta acción se produjera a 50 metros del portal donde ella vive”, subraya Marea Verde. Desde esa fecha, no se permite ningún tipo de manifestación referente a Educación en esta calle.
Criminalización de las protestas sociales
Cabe recordar que este miércoles -27 de noviembre- otro ciudadano zaragozano se sentará en el banquillo de los acusados por su supuesta participación en una protesta contra la concentración de Liga Joven, sección juvenil del MSR, que celebraba el nacimiento de Adolf Hitler el pasado 20 de abril.
Ambos juicios se unen a la larga lista de procesos abiertos contra ciudadanos y ciudadanas aragonesas, lo que distintos agentes políticos y sociales han definido como "un intento de criminalización de las protestas de los movimientos sociales". En este sentido, Marea Ciudadana denunció -en una comparecencia en las Cortes de Aragón el pasado 12 de este mes- las actuaciones del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde Sánchez, quien desde su posición “está vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como son los de reunión y manifestación”. “Desde que tomó posesión de su cargo, Gustavo Alcalde ha utilizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio del partido político gobernante”, subrayaba esta plataforma.




