Cinco abogadas del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) han anunciado la interposición de un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza haya desestimado su recurso contra la actual denominación del Colegio. Las profesionales reclaman que el órgano adopte un nombre inclusivo y actualizado: “Real e Ilustre Colegio de la Abogacía de Zaragoza”.
Las juristas impulsaron el procedimiento tras la decisión del REICAZ de mantener su denominación tradicional y someter a votación el cambio, en lugar de aplicar directamente el principio de igualdad. Recuerdan que numerosos colegios profesionales, como los de Madrid, Barcelona, Bizkaia, Cantabria, Murcia o Almería, ya han incorporado la fórmula inclusiva, además del de Uesca en Aragón. Procesos similares han llegado también a los tribunales en Sevilla o Ávila.
La sentencia conocida ahora rechaza las alegaciones procesales planteadas por las partes demandadas, pero tampoco entra a valorar como discriminatorio el uso del término genérico “abogados” para referirse a una profesión integrada por mujeres y hombres. La jueza admite que podría compartir en lo personal el planteamiento de las demandantes, pero concluye que “las normas invocadas no imponen jurídicamente la modificación” de la denominación colegial. También subraya que debe respetarse la decisión adoptada por las personas colegiadas del REICAZ, al considerar que el nombre actual “no constituye una medida que mantenga o promueva la desigualdad entre mujeres y hombres”.
Las abogadas recurrentes expresan su “profundo desacuerdo” con esta interpretación y argumentan que “Colegio de la Abogacía” es una denominación que representa mejor la realidad plural de la profesión, visibiliza a las mujeres juristas y se alinea con los principios de igualdad, no discriminación y lenguaje inclusivo del ordenamiento jurídico. Añaden que, al tratarse de una corporación de derecho público, el Colegio está sujeto a la obligación constitucional de remover los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad plena y efectiva.
“Continuaremos defendiendo, por las vías legales oportunas, una denominación respetuosa con todas las personas que integran la profesión”, concluye el grupo de abogadas.
