El sindicato ha denunciado en la mañana de este viernes en rueda de prensa la continua externalización de servicios públicos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza “que en las próximas semanas traspasará a manos privadas el control de accesos de cuatro edificios municipales emblemáticos de la capital aragonesa: La Azucarera, El Túnel, la Casa de Amparo y la Casa de las Culturas”. El próximo miércoles, 28 de enero, la organización sindical estará presente en el pleno municipal donde se debatirá una moción presentada por el grupo socialista en la que se denuncia la situación y se exige la ampliación de plantilla.
Begoña Pérez Garasa, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Aragón ha comenzado mostrando su preocupación por la continua privatización de servicios públicos que se está llevando en muchas administraciones aragonesas y que determina cuál puede ser el futuro de muchos de ellos. Especialmente, ha señalado, “en muchos servicios que no son tan conocidos por la ciudadanía en general, pero cuyo papel es fundamental y terminan pasando a manos privadas”.
La secretaria general ha mostrado su preocupación “y la resistencia que vamos a ofrecer en todas y cada una de las actuaciones privatizadoras que se lleven a cabo”. “No puede ser”, afirmaba “que se siga inflando el bolsillo de grandes empresas multinacionales de multiservicios, en detrimento de la calidad de los servicios públicos que se pueden ofrecer con empleadas y empleados públicos”.
Externalización del control de accesos en el Ayuntamiento de Zaragoza
A continuación, Juan Tamarit, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha pasado a explicar la situación en el Ayuntamiento de la capital del país que próximamente traspasará a manos privadas el control de accesos de La Azucarera, El Túnel, la Casa de Amparo y la Casa de las Culturas.
Para CCOO, con esta decisión, el Ayuntamiento de Zaragoza consolida la externalización del control de accesos en cinco edificios municipales emblemáticos, con un coste total de 1.997.380,21 euros, en tres años.
Hasta finales de 2024, estas funciones estaban desempeñadas por personal municipal. Ocho trabajadores y trabajadoras prestaban servicio mediante acúmulos de tareas, una figura legal prevista para necesidades puntuales. Dos de ellos ya han sido cesados y los seis restantes lo serán entre febrero y abril de 2025, al finalizar dichos acúmulos. Desde CCOO Zaragoza se considera que esta fórmula “se ha utilizado de manera irregular para mantener abiertos varios centros hasta la adjudicación de contratos privados”.
En el presupuesto municipal de 2024 no existían partidas destinadas a “información, recepción y control de accesos” para estos centros municipales. Sin embargo, en el presupuesto de 2025 se incluyeron por un importe de 344.440 euros. Finalmente, los contratos adjudicados superan ampliamente esa cifra. Tres lotes han sido adjudicados a INTEGRA, empresa vinculada a CLECE S.A., por un importe total de 527.049 euros anuales durante tres años, prorrogables un año más. Un cuarto lote ha recaído en EULEN S.A.
Con estos contratos, el Ayuntamiento de Zaragoza consolida la externalización del control de accesos en cinco edificios municipales emblemáticos, con un coste total de 1.997.380,21 euros, en tres años. Los lotes adjudicados a INTEGRA (vinculada a CLECE S.A., grupo de Florentino Pérez) suman 1.182.221,58 euros (Casa de las Culturas y Casa de Amparo: 673.903,98 euros, La Azucarera y El Túnel: 508.317,60 euros). A esto se añade el contrato de CLECE para el edificio Seminario, adjudicado en agosto de 2025, por 416.232 euros y el de EULEN, que es una renovación del ya existente, para CMSS y Morlanes por 398.926,63 euros. En total, las nuevas adjudicaciones vinculadas a empresas del grupo CLECE (grupo de Florentino Pérez) alcanzan 1.598.453,58 euros, lo que representa cerca del 80% del gasto total.
CCOO denuncia que “este proceso se produce mientras se cesa a personal municipal que venía desempeñando estas funciones mediante acúmulo de tareas, lo que confirma que no se trata de una medida puntual, sino de una estrategia de privatización y sustitución de empleo público por contratos privados”.
La organización sindical advierte además del “posible riesgo de cesión ilegal de trabajadores”, ya que en algunos centros podría coincidir personal municipal y personal de empresas privadas realizando las mismas funciones, sin que se haya informado de cambios organizativos a la representación sindical.
En enero de 2025, CCOO junto a otras organizaciones sindicales, presentó alegaciones al presupuesto municipal solicitando la supresión estas partidas para privatizar, que fueron rechazadas por el Gobierno municipal PP-Vox.
Juan Tamarit Legaz, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza, señala: “Nos preocupa gravemente la degradación de los servicios públicos y las condiciones laborales que ofrecen estas empresas frente al empleo municipal. Estas adjudicaciones, aunque se presenten como temporales o socialmente responsables, suponen una privatización clara de servicios públicos”.
