Según el análisis realizado por CCOO Aragón a partir de la normativa financiera de la Unión Europea, la exposición económica máxima derivada de la devolución de subvenciones, posibles sanciones e intereses de demora por el cierre de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZC) – Etopia podría superar los 700.000 euros.
El sindicato señala que la principal preocupación no es únicamente económica. “El abandono de proyectos financiados con fondos europeos puede acarrear la exclusión temporal de futuras convocatorias comunitarias, comprometiendo la capacidad de Zaragoza para captar recursos destinados a innovación, digitalización, investigación, sostenibilidad y desarrollo económico”, subrayan.
El abandono unilateral de Chueca de proyectos internacionales tiene un elevado coste laboral
“Resulta especialmente grave que esta situación no derive de una falta de financiación o de una imposibilidad sobrevenida, sino de una decisión política consciente que ha desembocado en el cierre de la fundación, el abandono de proyectos internacionales y una situación en la que sus trabajadores llevan meses sin percibir sus salarios”, asegura Juan Tamarit, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza.
El sindicato considera que Zaragoza “no puede permitirse perder credibilidad ante las instituciones europeas ni poner en riesgo su acceso futuro a fondos estratégicos por decisiones que carecen de una justificación suficiente y cuyos efectos pueden prolongarse durante años”.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué informes avalaron esta decisión, qué alternativas se descartaron para mantener los proyectos en marcha y quién asumirá las consecuencias de una actuación que puede acabar costando cientos de miles de euros a las arcas públicas y comprometer futuras oportunidades de financiación para la ciudad”, reitera Tamarit.
“La liquidación de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento no solo está siendo dramática para su plantilla, que llevaba meses sin cobrar y sin posibilidad de acceder a la prestación por desempleo, sino que también puede acarrear sanciones económicas y comprometer la capacidad de Zaragoza para acceder a futuras convocatorias europeas”, concluye Juan Tamarit.
