CHA considera un "rotundo fracaso" de la política que se impongan, "una vez más, los criterios economicistas a la hora de tomar decisiones políticas cuando se trata de derechos humanos, de respeto a los principios básicos de lo que debería ser una cultura de la paz".
Alberto Alcaine, coordinador del Rolde de Política Sozial y Solidaridá de CHA, asevera que "el cambio de criterio del Gobierno Sánchez demuestra que sus buenas intenciones iniciales han quedado, finalmente, en unas actuaciones que ignoran los informes de las propias Naciones Unidas, tal y como han recordado diversas ONG. Una decisión tomada por los intereses de quienes apuestan por la violencia, por la guerra y no por la solución dialogada de los conflictos internacionales".
Y es que, según recuerdan en un comunicado hecho público por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón: "Desde finales de marzo de 2015 hasta finales de julio de 2018, la coalición saudí ha llevado a cabo más de 18.000 bombardeos con armas suministradas por diversos países, y ha cometido decenas de presuntos crímenes de guerra en los que ha atacado a población civil, escuelas, hospitales, mezquitas, fábricas, mercados, bodas y funerales, entre otros objetivos no militares".
De este modo, según las mismas fuentes, se indica que "el informe de agosto de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomienda a la comunidad internacional abstenerse de suministrar armas que podrían ser utilizadas en el conflicto de Yemen, ya que todas las partes en el conflicto armado de Yemen han cometido con impunidad violaciones graves del derecho internacional".
De hecho el pasado 9 de agosto, la coalición liderada Arabia Saudí realizó un ataque desde el aire contra un vehículo destinado al transporte escolar en un mercado en la localidad de Dhahyan, una localidad del norte de Yemen. "Un presunto crimen de guerra que causó la muerte a 51 personas, entre ellas más de 40 niños, y heridas a decenas de personas", indican las citadas fuentes.
De esta forma, CHA trasladará al Senado español, por medio de Carles Mulet, toda una serie de preguntas reclamando explicaciones al Gobierno del PSOE por los motivos del cambio de criterio, "por la falta de respeto a las recomendaciones de la ONU y por la propia decisión adoptada, al margen de las peticiones de las ONG".
