El pasado 28 de febrero la UTE El Corte Inglés y Eulen, como ganadoras del concurso público, firmaron con la Seguridad Social el contrato para los trabajos que se llevarán a cabo en el Centro de Digitalización del Parque Tecnológico Walqa en Uesca, que previsiblemente comenzarán en 30 días.
Joaquín Palacín, portavoz de CHA en la Comisión de Industria e Innovación de las Cortes de Aragón, recuerda que “la adjudicación del concurso tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, y la adjudicación definitiva y la firma del contrato estaba pendiente de resolver el recurso que había interpuesto la anterior adjudicataria (una UTE integrada por Fucoda, Indra y Telefónica) que había realizado los trabajos desde 2009”. "Entonces se dijo que el recurso se resolvería en unos pocos días, y han sido dos meses de espera, por lo que hemos pedido explicaciones por escrito acerca de las causas del retraso a través del diputado de CHA por la Izquierda de Aragón, Chesús Yuste", añade Palacín.
Desde CHA consideran como muy positivo "el que se vaya a contratar a casi 200 trabajadores por un periodo de dos años, un año prorrogable a otro más, para digitalizar los casi 3 millones de expedientes de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero si con la contrata anterior las condiciones laborales eran precarias mucho nos tememos que la situación más que mejorar vaya a empeorar, sobre todo si tenemos en cuenta que el organismo estatal pagará a la UTE 3,35 millones de euros, en vez de los 7,14 millones del presupuesto de licitación, una baja presupuestaria que como en el caso del concurso de la limpieza viaria de Huesca, ganado por FCC, estamos seguros que será a costa de la precarización indecente de las condiciones laborales”, afirma Palacín.
Por todo ello han trasladado al Congreso de los Diputados preguntas para conocer "el número de trabajadores y trabajadoras que se van a contratar, el periodo de estos contratos y sus condiciones, así como explicaciones para conocer como un concurso que se licita en 7’14 millones de euros puede ser llevado a cabo con una oferta de 3’35 millones".
Palacín recuerda que “este servicio lo pagamos entre todos, ya que se trata de una subcontrata de la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que sería inadmisible que la precariedad e inseguridad imperaran como en la anterior contrata, a cambio de ahorrar gastos a la administración”.
