El diputado de CHA por la Izquierda de Aragón, Chesús Yuste, considera necesario que "el Gobierno se adapte a la realidad y tenga en cuenta las demandas de profesionales y autónomos" que por primera vez tuvieron este viernes la obligación de presentar solo por vía electrónica, a través de internet, autoliquidaciones y declaraciones tributarias, como por ejemplo el resumen anual del IVA, cuyo plazo acababa el 31 de enero. "Hay que tener en cuenta que el problema, si no se adoptan medidas, continuará durante este año cuando vayan cumpliéndose los plazos marcados para las diferentes tramitaciones por la Agencia Tributaria", añade Yuste en una nota de prensa.
"Estamos de acuerdo en que la vía electrónica en los trámites con la administración pública es el objetivo final, por agilidad, rapidez y por un consumo medio ambientalmente responsable, ya que permite reducir consumo de papel, pero aplicada como lo ha hecho este gobierno, sin plazos, de forma generalizada e indiscriminada para estas tramitaciones supone un problema de adaptación para usuarios que no pueden hacer uso de ellas, sean profesionales o ciudadanos. No todo el mundo tiene disponibilidad de material informático, ni conocimientos suficientes como para realizar esta tramitación exclusivamente por internet", explica Chesús Yuste.
De este modo el diputado aragonés anuncia que pedirá al Gobierno que establezca una negociación con colectivos y representantes de estos sobre "cuál sería el mejor modo y manera para lograr este tramitación pero sin tantas afecciones como se ha provocado actualmente". "Sería necesario -continúa Yuste- establecer un plazo para que se atienda las recomendaciones que pueda hacerle la propia institución del Defensor del Pueblo, que ha admitido varias peticiones en este sentido".
Y es que, según indican sindicatos y organizaciones, son muchas las dificultades con las que se están encontrando los autónomos, especialmente los casi 250.000 que hasta ahora presentaban esta declaración en papel por la insuficiencia de medios telemáticos o de la capacitación suficiente para utilizarlos. Estos colectivos advierten que se les puede imponer una sanción de 1.500 euros en caso de que no puedan adaptarse de manera inmediata a los nuevos procedimientos establecido. En este sentido, cabe recordar que recientemente el propio Colegio de Abogados de Zaragoza presentó un escrito ante el Justicia de Aragón para su tramitación al Defensor del Pueblo sobre este misma reclamación, tras un acuerdo de la Junta de Gobierno.
