CHA considera "perjudicial para los intereses de Aragón" que la Comisión Territorial de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla y León, reunida el pasado 26 de octubre de este año, informe favorablemente al proyecto de ampliación de la explotación minera de la empresa Magnesitas y Dolomías de Borobia en la zona de San Roque.
"Y es que además las asociaciones vecinales y los ayuntamientos del valle del río Manubles no han recibido contestación a su recurso de alzada, tras conocer que se quedaban fuera del proceso de evaluación las alegaciones de los consistorios y las organizaciones, al considerar, sorprendentemente, que no eran parte interesada. Es decir les dejan en la indefensión porque ni siquiera reciben respuesta a sus alegaciones, mientras que sí se siguen tomando decisiones que permiten ampliar la actual explotación minera en el territorio contiguo a Aragón", aclara Joaquín Palacín, presidente de CHA y portavoz de CHA en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo de las Cortes de Aragón.
Para Palacín "es necesario que el Gobierno de Aragón deja atrás sus afinidades de partido con el ejecutivo vecino y actúe en defensa de los intereses de nuestro territorio".
En este sentido, el presidente de CHA recuerda que las propias Cortes de Aragón, ya aprobaron por unanimidad, una iniciativa en la que se incluía "reiterar su rotunda oposición al proyecto de explotación minera de magnesitas a cielo abierto en Borobia (Soria), así como su apoyo a los municipios aragoneses afectados, por su grave afección a los recursos naturales y humanos, y porque tendría serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas para los municipios aragoneses del Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del Jalón".
Además, la iniciativa instaba al Gobierno de Aragón "a que siga manteniendo su oposición a dicho proyecto y a que tome todas las medidas necesarias para su paralización, incrementando su labor de seguimiento y control, en el ámbito de su competencia, a las posibles afecciones medioambientales y económicas que puedan ocasionarse".
También pedía el Ejecutivo aragonés que "se dirija a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que realice un informe sobre los trabajos que se están realizando actualmente en esta explotación, sin los permisos necesarios, y las consecuencias legales que en su caso suponga dicha situación y realice además cuantas actuaciones sean necesarias para evitar el impacto que produciría esta explotación y para que estime el riesgo de inundación de los pueblos de la ribera del Manubles, por el deficiente cálculo de las balsas mineras y por la impermeabilización del lecho del río favoreciendo la torrencialidad del mismo y no solo para que actúe según sus competencias sino que informe al Gobierno de Aragón para que este pueda tomar las medidas legales a que, en su caso, pudieran corresponder".
Del mismo modo, reclamaba al Gobierno de Aragón para que éste a su vez inste al Gobierno español "al estudio de la elevación del grado de protección ambiental (tanto de competencia autonómica como estatal) de los cursos fluviales afectados, determinando exactamente la calidad de sus aguas y especies vegetales y animales que existen antes del inicio de la actividad minera (especialmente su caudal ecológico), para una mejor valoración de posibles afecciones y daños en el río".
Por último, la iniciativa incluía "trasladar este acuerdo al Gobierno de Aragón, a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España, solicitando que obren en consecuencia, con el objetivo de paralizar este proyecto de forma definitiva”.
