CHA propone al Ministerio de Justicia “más diálogo” para solventar la conflictividad laboral

Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA: “Queremos que se dé una solución urgente, con una respuesta justa a las demandas laborales de los empleados públicos de los cuerpos generales de la administración de justicia, así como del cuerpo de forenses, técnicos y auxiliares de laboratorio, tanto en Aragón como en el Estado, para avanzar hacia una administración de justicia eficaz y de calidad. Hay que solventar, de una vez, los retrasos y problemas que supone para la ciudadanía, agentes jurídicos y el propio funcionariado este conflicto”

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CHA ha realizado un llamamiento público al Ministerio de Justicia “para tratar de solventar, con urgencia, la situación de conflictividad laboral que atraviesa actualmente la Administración de Justicia”.

Recuerdan que “estamos ante una situación de huelga que, en defensa de sus intereses legítimos, vienen llevando a cabo los empleados públicos de los cuerpos generales (gestores, tramitadores y auxilios), así como Forenses, técnicos y auxiliares de laboratorio, tanto en Aragón como en el Estado”.

Por ello, y dadas las repercusiones negativas que el alargamiento de esta situación supone, tanto para la ciudadanía como para los agentes jurídicos y el propio funcionariado, Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA , insta “al Ministerio de Justicia a retomar las conversaciones con los representantes de los trabajadores, tomando en consideración sus propuestas sobre sus condiciones laborales y salariales, respetando sus derechos, implantando una carrera profesional, con una actualización de sus retribuciones conforme a las funciones que realmente realizan, con el fin de no alargar más una situación que está provocando multitud de retrasos y problemas”.

Lasobras considera necesario abandonar la actual “actitud intransigente”, mostrada por parte del Ministerio “impropia de un gobierno progresista, que solo conduce al enquistamiento del conflicto y a alargar esta situación en la que se encuentra la Administración de justicia, agravándola todavía más, máxime cuando supone una discriminación patente en relación con los acuerdos tomados con Jueces y Magistrados y los Letrados de la Administración de Justicia”.

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