La Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas que se celebrará la próxima semana ha incluido en el orden del día la elaboración del Informe de Fiscalización del Instituto Aragonés de la Juventud de los ejercicios 2012 y 2013. En este sentido, desde la representación de CHA en las Cortes de Aragón, se ha presentado en el Registro cuatro puntos como "propuesta de resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón de 24 de septiembre de 2014".
Carmen Martínez, diputada de CHA y portavoz en esta ponencia, afirma: "Dado el exhaustivo, completo y riguroso informe presentado por la Cámara de Cuentas y las recomendaciones que realiza presentamos estas propuestas de resolución para profundizar en medidas relacionadas con una mayor transparencia en el Instituto Aragonés de la Juventud y en una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de esta institución". "Esperamos el acuerdo unánime de la Comisión y que de este modo el Gobierno de Aragón actúe en consecuencia y con el respaldo de las Cortes", añade.
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Las propuestas de resolución de CHA son las siguientes:
- Las Cortes de Aragón instan Instituto Aragonés de la Juventud de Aragón a cumplimentar de forma rigurosa los datos a incluir en la relación anual certificada de todos los contratos formalizados a remitir a la Cámara de Cuentas.
- Las Cortes de Aragón instan al Instituto Aragonés de la Juventud de Aragón a utilizar de forma restrictiva el procedimiento negociado sin publicidad, ya que aun cuando se utilice en los supuestos permitidos por la ley, su empleo conlleva merma de los principios de publicidad y concurrencia, y menor economía en el gasto público.
- Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a formalizar las transferencias con el Instituto Aragonés de la Juventud de Aragón de acuerdo con las disposiciones aplicables de las leyes de presupuestos.
- Las Cortes de Aragón instan al Instituto Aragonés de la Juventud a elaborar las memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y de la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicaciones de los previstos, alcanzados y del coste de los mismos.
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