CHA ha reclamado al Gobierno de Aragón PP-PAR que se limite a hacer gestión ordinaria en los meses que quedan hasta las elecciones. "Lo han estado haciendo durante cuatro años, momento en el que tendrían que haber trabajado para impulsar proyectos, y ahora que se ven fuera del Gobierno pretenden dejar determinadas cosas atadas y bien atadas" ha explicado José Luis Soro, presidente de CHA, recordando que "proyectos caros y de privatización, como es el Hospital de Alcanyiz, son el ejemplo de negocios que benefician los intereses empresariales de unos pocos" pero que, además, "imponen un modelo de gestión privada en los servicios públicos".
El presidente de CHA ha señalado que este tipo de decisiones son "una forma de corrupción más". "No es la primera vez que se viven situaciones así recordamos que el PSOE-PAR impulso decisiones relacionadas con el Plan RED que también dejaron un lastre para la siguiente legislatura", añade.
En la intercomarcal celebrada este sábado en Zaragoza, y en la que se han reunido cargos públicos y orgánicos de CHA de las comarcas zaragozanas, se ha apostado por "contribuir desde el aragonesismo y desde la izquierda en el cambio político".
Esta reunión "ha servido para definir cómo es el Aragón del cambio por el que apuesta CHA reforzando la idea de que el cambio político tiene que ir de la mano del aragonesismo, para que no se diluya en medio de los discursos generalistas que están tan de moda y para no rebajar el nivel de autogobierno de Aragón", sostienen. Desde las comarcas se ha destacado que "la capacidad financiera y el autogobierno son claves para garantizar los servicios públicos".
Las y los representantes de CHA consideran muy importante "estar en la construcción del cambio defendiendo la forma de hacer política innata en CHA, la transparencia, la honradez y la capacidad de trabajo", ha puntualizado José Luis Soro.
Contra la corrupción
Según informa CHA, una de las conclusiones de la reunión se ha centrado en las medidas para atajar la corrupción. "Entre ellas ha destacado una que tiene que ver con las garantías que tienen las personas que denuncian casos de corrupción", explicaba Soro.
"En la reflexión colectiva surge la idea de que en casi todas las comarcas es conocido determinado chanchullo pero nadie se atreve a denunciarlo". En este sentido "se considera vital que la adopción de medidas de protección y apoyo jurídico para los denunciantes y testigos de los casos de corrupción, tanto si son empleados de administraciones públicas, de la empresa privada, o cualquiera que sea su condición laboral".
