Chunta Aragonesista (CHA) ha registrado en las Cortes una proposición no de ley (PNL) para abrir un debate sobre el modelo de implantación de los centros de datos en Aragón y reclamar al Gobierno de Jorge Azcón una planificación estratégica que garantice la protección de los recursos naturales y el interés general antes de autorizar nuevos proyectos.
La iniciativa, que será debatida en el Pleno de las Cortes, propone elaborar una estrategia pública con participación de las administraciones, sectores afectados y agentes sociales para evaluar el impacto acumulado de los centros de datos ya existentes, de los proyectos anunciados y de las futuras ampliaciones sobre el consumo energético, los recursos hídricos, el territorio y el desarrollo de otras actividades económicas.
“El debate ahora es si el Gobierno está dispuesto a planificar su implantación o va a seguir dejando que sean las grandes multinacionales quienes decidan el futuro energético e hídrico de Aragón”, sostiene el portavoz de CHA en las Cortes, Jorge Pueyo.
Mientras esa planificación no exista, CHA propone establecer una moratoria en la tramitación de nuevos centros de datos para determinar la capacidad real del territorio para acoger este tipo de instalaciones.
La formación considera que cualquier nuevo proyecto debe cumplir criterios ambientales vinculantes y garantizar que no comprometa el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico ni el desarrollo de otros sectores productivos, especialmente en un contexto marcado por la emergencia climática y el incremento de los episodios de sequía.
Además, la PNL plantea realizar un estudio del impacto acumulado de los centros de datos y de las infraestructuras energéticas necesarias para su funcionamiento, así como impulsar planes de formación que permitan que el empleo generado beneficie realmente a la población aragonesa.
La propuesta de CHA también defiende que los municipios que albergan estas infraestructuras obtengan un retorno económico acorde al impacto que soportan.
Para ello plantea crear un impuesto específico sobre el consumo energético e hídrico de los centros de datos, de manera que parte de los beneficios reviertan en la reducción de la factura eléctrica de familias y empresas, así como en inversiones en empleo, vivienda y servicios públicos en las comarcas afectadas.
Asimismo, propone que los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) incorporen contrapartidas fiscales suficientes para los municipios donde se implanten estas instalaciones.
La iniciativa también insta al Gobierno de Aragón a reclamar al Ejecutivo español la aceleración de la transposición de la normativa europea sobre eficiencia energética de los centros de datos para hacer obligatoria la publicación de sus consumos de agua y energía.
Del mismo modo, plantea modificar la legislación catastral para que estas instalaciones sean consideradas Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), incrementando así la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos.
“Aragón necesita una política industrial seria, planificada y pensada para el interés general, no una carrera por atraer inversiones sin evaluar sus consecuencias. Los recursos naturales son un bien común y no pueden quedar al servicio exclusivo de las grandes corporaciones tecnológicas”, concluye Jorge Pueyo.
