Una Constitución no puede por sí misma hacer feliz a un Pueblo. Una mala sí puede hacerlo infeliz”, Guy Carcassone
Entre las muchas tradiciones existentes en España, desde el año de 1978 y en torno a la fecha del 6 de diciembre, venimos asistiendo a la reiterada proliferación de discursos oficiales que glosan las virtudes de la vigente Constitución Española y del modélico proceso de transición que, impulsado por unas élites políticas abnegadas y generosas al extremo, hizo posible su promulgación.
En este empeño mitificador de la Constitución han ido de la mano los dos partidos políticos que, gracias a ella, se han ido turnando en el poder. PP y PSOE han tratado la Constitución como si de una Ley Sagrada se tratase; una ley cuya legitimidad derivaba de un origen idílico y cuya utilidad era mayor cuanto más inmutable resultase. Así, la mera mención a la necesidad de su reforma ha sido siempre recibida como un acto de alta traición a los más elevados ideales democráticos y, demasiado a menudo, los distintos Gobiernos de España, han utilizado sus normas como parapeto frente a los deseos de cambio de una sociedad cada vez más dinámica y cada vez más ajena a los miedos, prevenciones y prejuicios de los legisladores de la transición.
Precisamente este empeño en petrificar las normas constitucionales, unido a la comprobación empírica de su desconexión con la realidad más evidente, ha sido el causante del creciente desapego de la ciudadanía hacia una Constitución cuya utilidad ha sido cada vez más cuestionada. La Constitución ha pasado a ser considerada, por sectores cada vez más diversos de la ciudadanía, más un problema que una solución: una Ley muerta, cuyo acta de defunción fue firmada en el mes de septiembre de 2011 cuando fue reformada por un acuerdo “express” entre PP y PSOE, para introducir el principio neoliberal de estabilidad presupuestaria y la prohibición del Déficit público, sin contar con la opinión del resto de actores políticos y sin someter el resultado al refrendo de la ciudadanía. El consenso constitucional quedó roto en ese instante y el clamor ciudadano por la apertura de un nuevo proceso constituyente, una “segunda transición”, se ha vuelto tan atronador que ningún Gobierno que quiera hacer bien su trabajo podrá hacer oídos sordos.
En los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto la ruptura entre un creciente sector de la ciudadanía, y el régimen político nacido del consenso constitucional alcanzado durante la transición. El intento del Gobierno y la derecha mediática de criminalizar todas las convocatorias y reivindicaciones ciudadanas, no ha hecho sino aumentar el apoyo social y político a quienes cuestionamos una Constitución que no garantiza de forma efectiva los derechos básicos y que no sólo no resuelve, sino que aumenta la fractura entre la ciudadanía y las instituciones que han de regirla. La manifestación a favor de la Independencia de Cataluña el 11 de septiembre y la convocatoria de elecciones anticipadas, primero en Galicia y País Vasco y después en Cataluña, han puesto de manifiesto la evidente necesidad de un profundo debate para llegar a un nuevo pacto sobre el encaje constitucional de las reclamaciones territoriales de las distintas naciones del Estado.
Es el momento de abordar un verdadero proceso constituyente que recupere la legitimidad de los poderes democráticos ahora secuestrados por los poderes financieros. Desde CHA queremos acompañar un proceso ciudadano que, impulsado de abajo hacia arriba, logre cristalizar un nuevo pacto social, una nueva Constitución que tenga como premisas básicas, entre muchas otras, las siguientes:
• Un modelo de Estado republicano decidido y votado por la ciudadanía
• Una organización territorial del Estado que recoja las aspiraciones de las distintas naciones ahora integradas en el mismo
• La territorialización de las instituciones del Estado para que el Senado sea la cámara territorial que nunca ha sido y el Tribunal Constitucional pueda cumplir mejor sus cometidos
• Que los derechos de ciudadanía dejen de ser meras expresiones de un deseo y gocen de tutela judicial efectiva. Que definitivamente se garanticen el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación públicas y de calidad.
• Que se desarrollen los mecanismos participativos, se incremente la transparencia en el funcionamiento de los Poderes Públicos y se arbitren mecanismos para expulsar la corrupción de la vida pública.
La Constitución es norma fundamental y como tal ha de adaptarse a la Sociedad que dice servir. No tengamos miedo a reformarla. Sociedades con mayor tradición democrática que la nuestra abordan con frecuencia la reforma de sus Constituciones y dichas reformas, lejos de poner en peligro su subsistencia, la refuerzan. Ojalá algún día, lejos de celebrar la inmutabilidad de la ley, seamos capaces de celebrar su capacidad de adaptación.
Juan Campos Ara | Bizesecretaire de relacions politicas de CHA
