El problema, actualmente, radica en la discrepancia entre la Ley de Patrimonio Histórico español, que establece la obligatoriedad de ofrecer visitas gratuitas a los BIC estatales al menos cuatro días al mes, y la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, que omite el requisito de gratuidad para los BIC nacionales. Esta omisión ha llevado a una situación de cierto “vacío legal” que perjudica tanto a la ciudadanía como a la imagen de Aragón como destino cultural y turístico.
Desde CHA recuerdan “que la defensa del patrimonio cultural de Aragón no puede quedar supeditada a intereses económicos por problemas de gestión derivados de una planificación deficiente”, y aseguran que “resulta incomprensible que la sociedad pública encargada de gestionar estos espacios como Sant Chuan d’a Penya y Lobarre, dependiente del Departamento de Turismo, se oponga a una medida propuesta por su propio gobierno”.
“Los problemas aducidos, como una posible saturación, deben resolverse con toda una serie de iniciativas previas de planificación y eficacia en la gestión de las políticas turísticas”, recalcan desde la formación aragonesista.
Por este motivo, Palacín, anuncia la presentación de iniciativas en las Cortes de Aragón para su respuesta por el consejero responsable de Turismo.
Las propuestas de CHA para solucionar el problema pasarían por: reforma de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, implantar una planificación adecuada y una previsión presupuestaria, realizar los estudio de impacto y planificación de accesos correspondiente, y fomentar la transparencia y coordinación interdepartamental.
