CHA vuelve a llevar a las Cortes de Aragón el conflicto abierto en torno a la Inspección Educativa de Uesca. La formación ha presentado una moción para exigir medidas ante una situación que califica de “gravísima”, entre ellas el cese de la Jefatura de la Inspección Educativa provincial, la revisión de los expedientes abiertos durante los dos últimos cursos y una investigación independiente sobre lo ocurrido en el IES Ramón y Cajal y en la Dirección Provincial.
La portavoz adjunta de CHA y portavoz de la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, Isabel Lasobras, responsabiliza al Departamento de Educación de haber permitido que un conflicto inicialmente circunscrito al ámbito administrativo haya terminado extendiéndose a buena parte de la comunidad educativa de Uesca.
“El Departamento de Educación, antes con la consejera Hernández y ahora con la consejera Susín, ha sido completamente incapaz de gestionar un problema que se originó en el ámbito administrativo y que el Gobierno de Aragón ha preferido dejar crecer hasta afectar a toda la comunidad educativa del Alto Aragón”, denuncia Lasobras.
48 expedientes en Uesca frente a 21 en Zaragoza
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa son los datos sobre expedientes disciplinarios. Según la información facilitada por el Departamento de Educación a petición de CHA y difundida por la formación, se han tramitado 48 expedientes en Uesca, frente a 21 en Zaragoza y 11 en Teruel. CHA ya había denunciado públicamente esta disparidad en agosto.
Lasobras contrapone esas cifras con el tamaño de las respectivas plantillas. Según los datos aportados ahora por CHA, Uesca representa alrededor del 16% del profesorado aragonés, con algo más de 4.000 docentes, mientras Zaragoza supera los 12.000.
“¿Cómo es posible que un territorio con algo más de 4.000 docentes tenga más expedientes que Zaragoza, con más de 12.000?”, pregunta la diputada. A juicio de CHA, estas cifras evidencian un problema en el funcionamiento de la Inspección en Uesca. La formación sostiene que ha dejado de ser percibida por parte del profesorado como un servicio de acompañamiento y asesoramiento para convertirse en lo que Lasobras califica como una “máquina de sancionar”.
El caso del delegado sindical y una nueva huelga
La iniciativa parlamentaria llega además en plena escalada del conflicto. Como informó AraInfo, un docente y representante sindical afronta una propuesta de sanción de diez meses de suspensión de empleo y sueldo, un expediente que desencadenó una asamblea de alrededor de un centenar de docentes y representantes de familias, escuela pública y sindicatos.
Aquella asamblea acordó impulsar movilizaciones, exigir el cese del inspector jefe, reclamar la anulación de la propuesta de sanción y pedir la revisión de los expedientes y apercibimientos abiertos durante los dos últimos años.
Ahora CHA relaciona también esta situación con la huelga convocada en la educación pública de Uesca para el próximo 14 de octubre. “Estamos ante una situación de extrema gravedad”, afirma Lasobras.
La diputada sostiene además que ningún responsable de la educación pública aragonesa había afrontado, según CHA, “dos huelgas generales en apenas cinco meses” y atribuye este escenario a la “inacción política” del Departamento.
Revisión de expedientes y auditoría independiente
La moción reclama al Gobierno de Aragón la revisión de oficio de todos los expedientes disciplinarios e informativos abiertos en Uesca durante los dos últimos cursos, así como la suspensión cautelar de aquellas sanciones que, según plantea CHA, puedan vulnerar la libertad sindical o la libertad de expresión.
La propuesta exige igualmente el cese de la Jefatura de la Inspección Educativa provincial y una investigación y auditoría independiente sobre lo sucedido en el IES Ramón y Cajal y en la Dirección Provincial de Educación, cuyos resultados reclama que sean públicos.
CHA plantea además revisar la carga burocrática y equiparar los criterios de evaluación aplicados por la Inspección de Uesca con los utilizados en Zaragoza y Teruel.
La formación viene trasladando este conflicto a las Cortes desde hace meses. En agosto ya anunció una iniciativa para pedir explicaciones al Ejecutivo sobre la disparidad de expedientes y exigir una evaluación independiente de la actuación de la Inspección Educativa de Uesca. Chunta Aragonesista El conflicto tiene además antecedentes parlamentarios anteriores: en 2025, Lasobras ya había preguntado al Gobierno de Aragón por las denuncias sobre las actuaciones del inspector jefe.
“Con esta moción, PP y Vox tendrán que fijar su posición en las Cortes de Aragón ante una situación que ya no puede seguir ignorándose. Si la consejera no sabe dar respuesta a este gravísimo problema, debería apartarse”, concluye Lasobras.
