CHA anuncia en L'Aínsa movilizaciones desde municipios y comarcas para proteger las lenguas de Aragón

CHA celebró este pasado domingo en L'Aínsa una reunión de alcaldes, concejales y consejeros de CHA de siete comarcas en las que se usa el aragonés. Además participaron: Joaquín Palacín, diputado de CHA en las Cortes de Aragón, José Ramón Ceresuela, secretario territorial de CHA en el Altoaragón, Alberto Celma, secretario de cultura e identidad de CHA, Miguel Martínez Tomey, responsable de asuntos europeos y David Félez, miembro del Consello Nazional de CHA. Joaquín Palacín, diputado de CHA en las Cortes de Aragón por el Atoaragón recordó "el ridículo que ha hecho el Gobierno de Aragón con el LAPAO y …

Foto: CHA
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CHA celebró este pasado domingo en L'Aínsa una reunión de alcaldes, concejales y consejeros de CHA de siete comarcas en las que se usa el aragonés. Además participaron: Joaquín Palacín, diputado de CHA en las Cortes de Aragón, José Ramón Ceresuela, secretario territorial de CHA en el Altoaragón, Alberto Celma, secretario de cultura e identidad de CHA, Miguel Martínez Tomey, responsable de asuntos europeos y David Félez, miembro del Consello Nazional de CHA.

Joaquín Palacín, diputado de CHA en las Cortes de Aragón por el Atoaragón recordó "el ridículo que ha hecho el Gobierno de Aragón con el LAPAO y LAPAPYP en un ejercicio de caciquismo e ignorancia que cuestiona hasta el ministro WERT" pero lo grave, señaló Palacín, es que se pone "en peligro el aragonés, se desprecia a los hablantes de la lengua y se traslada el uso del aragonés a lo meramente folclórico". Los representantes de CHA se comprometieron a buscar fórmulas para potenciar el aragonés desde el ámbito local para hacer frente a las negativas consecuencias de la Ley.

"No se trata de una mera cuestión cultural sino que la nueva Ley de Lenguas vulnera los tratados internacionales asumidos por el Gobierno central, como es la Carta Europea de las Lenguas minoritarias; se vulneran las recomendaciones de la UNESCO, que recomiendan proteger el aragonés; se camina en contra de lo que recoge el propio Estatuto de Autonomía de Aragón" señalaron.

En la declaración firmada el domingo se recogen tres puntos esenciales: la insumisión ante esta ley, la denominación de las lenguas como Aragonés y Catalán y la exigencia de medidas que garanticen que los usuarios podrán expresarse en su propia lengua.

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Declaración de L´Aínsa de los alcaldes, concejales y consejeros comarcales de Chunta Aragonesista en las comarcas y municipios de uso tradicional del aragonés

Las Cortes de Aragón aprobaron el pasado 9 de mayo una Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón que deroga la hasta ahora vigente, la cual había sido ignorada por el gobierno PP-PAR en un acto de insumisión a la legalidad vigente vedado a los administradores públicos. En ella desaparecen los nombres de las lenguas habladas en Aragón, siendo sustituidos por unos circunloquios que han causado hilaridad e irritación en el mundo científico y en la opinión pública dentro y fuera de Aragón; así, el catalán aragonés y el aragonés pasan a llamarse LAPAO, Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental, y LAPAPYP, Lengua Aragonesa Propia del Pirineo y Prepirineo.

Además, la nueva ley establece un bajísimo nivel de protección y fomento de la lengua aragonesa que a duras penas sobrevive en nuestros municipios que es incluso inferior al de la Ley 10/2009 derogada, limitándose casi siempre a presentar sus preceptos como meros deseos y no como garantías para los derechos de los hablantes y para la supervivencia y el fomento de nuestro patrimonio lingüístico. Se trata de un nivel de protección, en cualquier caso, que no se corresponde ni por asomo con la calificación de "lengua en peligro" que ha recibido por parte de la UNESCO, ni con el nivel de protección que exige la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias que el Estado español incorporó en 2001 a su derecho interno.

Finalmente, la nueva Ley vulnera los derechos lingüísticos de los hablantes del aragonés, al manifestar un planteamiento dialectalista a ultranza, basado en criterios plebiscitarios a nivel municipal que prevalecerán sobre cualquier criterio científico y condenando al aragonés a seguir siendo una lengua oculta, solo válida para el ámbito privado o más puramente local, sin adaptación alguna a los nuevos tiempos, sin prestigio y sin el debido grado de conocimiento y reconocimiento por el resto de la población aragonesa o de fuera de Aragón.

Por todo ello, declaramos lo siguiente:

  1. La lengua que se habla en nuestros pueblos y comarcas se llama, desde hace varios siglos, ARAGONÉS. Las formas en las que ésta se habla a nivel local no son sino variedades constitutivas del aragonés y hablar cada una de ellas equivale a hablar de distintas formas el mismo idioma. Rechazamos, por ello, denominarla a nivel oficial de otra manera. Esta lengua es distinta del CATALÁN, que se habla en las comarcas orientales de Aragón, cuyo origen y raíz, aun siendo también aragonesa, es distinta de la del aragonés. Rechazamos, por ello, considerarla una modalidad de la lengua aragonesa.

  2. Exigimos medidas que obliguen verdaderamente a las administraciones y servicios públicos a dar cabida y a expresarse en aragonés con los hablantes de nuestra lengua, de forma que su uso público esté garantizado y no quede en el recurrente "desideratum" que prescribe la nueva ley para casi todo, que exime a las autoridades de cualquier obligación jurídicamente exigible, y con la que lo único que sabemos que está garantizada es la continuidad en el uso general y casi siempre exclusivo del castellano. También exigimos la plena integración de su enseñanza en el currículo académico y su impartición en los mismos horarios y condiciones que las demás materias.

  3. En el ejercicio de nuestro derecho a la objeción de conciencia, nos declaramos insumisos frente a una ley que no respeta la legalidad estatal e internacional y que discrimina a nuestra lengua y a sus hablantes, tratándolos como un mero adorno folclórico de nuestra cultura, así como frente a los organismos que en su aplicación se creen y ante los que, a sueldo del Gobierno, con el dinero de todos, trabajen para implantarla. En su lugar, como representantes electos, actuaremos en esta materia directamente con arreglo a las prescripciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias con los que el Preámbulo de esta ley dice cínicamente estar en conformidad, así como con arreglo al acervo de casi medio siglo de trabajo por recuperar, normativizar, normalizar y perpetuar la lengua aragonesa.

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