
"Nuestras organizaciones -continúan- no entienden porqué esta administración denunció, dejando sin efecto una norma que era fruto del consenso con todas las organizaciones sindicales, había eliminado problemas que se presentaban con normas anteriores y que fue una referencia en todo el estado, siendo copiada por otros territorios".
Para CGT y STEA-i el principal problema es que "la Administración vulnera sistemáticamente el derecho a la negociación colectiva legislando de manera unilateral obviando el papel institucional que corresponde a las organizaciones sindicales como parte de esa negociación".
"En el caso que nos ocupa -añaden-, este hecho ha provocado que la Administración pretenda sacar adelante un decreto que no contempla ni una sola de las aportaciones o alegaciones que se han hecho desde los sindicatos, que no ha pasado por la preceptiva mesa sectorial y que supone un uso de la normativa con carácter retroactivo vulnerando los derechos de las y los trabajadores".
"Todo esto además para establecer una norma que perjudica gravemente a los centros educativos al hacer más inestables sus plantillas, perjudica a los docentes interinos (un 25% del total) que pierden la estabilidad de su puesto de trabajo y atenta contra la calidad de la enseñanza por establecer un ineficiente sistema de gestión de los recursos humanos que desaprovecha la experiencia de los trabajadores fomentando la rotatividad y su reemplazamiento constante" aseveran.
Para estas organizaciones, "el verdadero problema que provoca que las listas de interinos no fluyan es la insuficiente oferta de plazas en las oposiciones y el recorte brutal de las plantillas, fruto de la reducción del presupuesto en educación, del aumento de horas lectivas del profesorado, el aumento de la ratio en las aulas y la no reposición de las jubilaciones".




