La Plataforma denuncia problemas crónicos “que se han agravado los últimos años con una base esencial que es la insuficiente financiación por parte del Gobierno de Aragón”, lo que ha llevado a que Aragón sea uno de los países con peores condiciones laborales en el sector.
Héctor García de CGT, señalan que “las declaraciones de Bermúdez de Castro respecto a la falta de personal son inaceptables. El Gobierno de Aragón es conocedor de que los Educadores Sociales” se van a otros territorios “con mejores salarios y condiciones laborales, pero no han hecho nada para mejorar la situación y evitar que los profesionales se queden en Aragón”.
Por su parte, Angelica Mazo de UGT, destaca que “el Gobierno de Aragón quiere un servicio ‘Bueno, Bonito y Barato’ y si es posible que ‘no hagamos ruido’. Si ahora el dinero ‘no es un problema’, pero ‘sí lo es’ la falta de profesionales, ellos mismos están demostrando que no nos han dicho la verdad durante estos dos últimos años, en los que nos han repetido innumerables veces desde el Departamento de la DGA que ‘no disponían de presupuesto’. La huida de profesionales a otros territorios es consecuencia de las erróneas decisiones que han tomado sobre este sector”.
Además, Jesús Esteban de CCOO, subraya que “seguimos sin Convenio Colectivo ni avances claros en mejorar la situación de los trabajadores. Centros con un único educador por la noche, o con dos educadores pero con un número muy elevado de menores que en algunos casos pueden llegar a 22 o 23 menores con dos educadores. Las ratios deben incrementarse de forma inmediata por el bien tanto de los menores como por el de los educadores. La situación vivida en el incendio de Teruel se puede volver a repetir sino ponen más medios y más personal”.
“Desprecio estructural de la DGA con los menores”
Desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores señalan también que “la situación actual la hemos denunciado una y otra vez, siendo obviados también una y otra vez. Vemos un desprecio estructural de la administración por la atención de los menores que ha llevado a unas consecuencias laborales dramáticas que vivimos los trabajadores del sector y desgraciadamente también los menores”, enfatizan.
Charran de “niñas y niños que en muchos casos han tenido que ser separados de sus familias por encontrarse en un entorno negativo para su desarrollo, o que han sufrido malos tratos, o que no tienen familia. Situaciones graves, que con los medios y personal suficiente pueden salir adelante y tener una vida normalizada”.
Por todo ello, exigen “que se dispongan los recursos necesarios para poder dar una atención de calidad” y que la administración “deje de mirar de reojo un sector esencial” para nuestro país “pero denostado y olvidado por el Gobierno de Aragón”.
“Un sector con 600 trabajadores y trabajadoras, 600 familias, que realizan una labor esencial no pueden seguir siendo olvidados por Gobierno de Aragón y empresas del sector”, concluyen.
