El pasado 13 de septiembre se celebró en Zaragoza el juicio donde se debía determinar el origen laboral del contagio de SARS– CoV 2 sufrido por Yolanda Lorente, celadora del Servicio Aragonés de Salud (SALUD).
“Tanto la trabajadora, como CGT Sanidad acudíamos a la vía judicial, a la espera de que en este caso, y en los demás que se puedan dar, se obligue al INSS y al SALUD a dar cumplimiento a la legislación vigente con las trabajadoras sanitarias y socio-sanitarias que se han contagiado por SARS-CoV- 2, mientras ejercían su profesión, reconociendo dicha contingencia como enfermedad profesional”, señalan desde el sindicato.
Desde la CGT recuerdan que el artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, establece que:
1. El personal que preste servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios inscritos en los registros correspondientes que, en el ejercicio de su profesión, durante la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios, haya contraído el virus SARS-CoV- 2, dentro del periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el mencionado virus SARS-CoV-2, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional.
“Yolanda Lorente contrajo el virus SARS- CoV-2 en marzo 2020, mientras ejercía su labor en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Desde entonces y hasta la actualidad ha venido padeciendo diversas dolencias y sintomatología derivada de ese contagio. Uno de esos síntomas más perceptibles, es una tos continua, que le lleva acompañando desde hace más de tres años. Hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta terapéutica que lograra sanar esa afectación”, relatan desde el sindicato.
Continua su relato la CGT explicando que “a los pocos minutos de iniciarse la vista oral del juicio, el juez procede a interrumpir la intervención del abogado del INSS y dirigiéndose a la trabajadora le recrimina que con sus continuas toses no podía escuchar a los intervinientes. Nuestra compañera le responde que ella no puede evitar toser. El magistrado entonces le ordena salir de la sala”.
“A continuación, se suceden las intervenciones, finalizando las mismas la abogada representante de la Mutua Patronal MAZ, quien enhebra un discurso clasista contra la trabajadora, por su condición de celadora, realizando afirmaciones alejadas de la verdad, con una clara intencionalidad denigratoria contra la demandante. Cuando el letrado de Yolanda Lorente intenta ejercer su turno de conclusiones, para refutar, entre otras, las infames manifestaciones de la representante de la entidad patronal, el juez se lo impide, dando por finalizado el juicio”, aseguran desde la CGT Sanidad.
Por todo ello, el sindicato de CGT en Sanidad “rechaza la actuación del titular del Juzgado nº 7 de lo Social, quien no solo ha mostrado poco entendimiento de las pretensiones de la trabajadora, sino que además la ha maltratado por su condición de enferma, expulsándola de la sala donde se estaba dirimiendo el reconocimiento de sus dolencias como enfermedad profesional. Tampoco parece nada justa, la limitación de exposición argumental impuesta a su representante legal, cercenando el trámite de conclusiones”.
A juicio del sindicato “cabía esperar, siempre dentro de la objetividad legal, que hubiera un mínimo de sensibilidad social, en un juzgado que se denomina de ‘lo Social’, donde las dolencias y lesiones forman parte del día a día de muchos de los procedimientos. Lo que ha sucedido con Yolanda Lorente nos parece indignante y está lejos de la potestad jurisdiccional atribuida a jueces y magistrados”.
“No vamos a aceptar que ninguna persona trabajadora que busque amparo judicial para el reconocimiento de sus dolencias como contingencias profesionales, reciba un trato injusto y desconsiderado por quien precisamente debería ser el mayor garante de que eso no suceda”, concluyen desde la CGT.
