CGT Enseñanza Aragón ha respondido a las declaraciones realizadas por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, durante su comparecencia en las Cortes de Aragón sobre la situación de la Inspección Educativa en Uesca. El sindicato considera que la intervención de la responsable del Departamento “no responde a las cuestiones” que las organizaciones sindicales llevan planteando desde hace casi dos años y reclama “una investigación que permita esclarecer las causas del conflicto” y las importantes diferencias existentes entre los diferentes territorios aragoneses.
CGT señala que la propia consejera reconoció durante su comparecencia la existencia de “malestar en una parte del profesorado” y aseguró que no pretendía minimizarlo. Sin embargo, denuncia que, después de casi dos años de quejas, escritos, resoluciones de la Junta de Personal, concentraciones y movilizaciones sindicales, no anunciara ninguna medida concreta “para analizar las causas de una situación” que ha llevado a las seis organizaciones sindicales con representación entre el profesorado de Uesca a convocar una huelga para el próximo 14 de octubre.
Para el sindicato, existe “una contradicción evidente” entre reconocer que existe un problema y negarse a adoptar medidas para investigar sus causas y tratar de solucionarlo. CGT subraya que siempre ha defendido una Inspección Educativa “fuerte, profesional e independiente”, pero considera imprescindible distinguir entre la independencia del criterio técnico y la ausencia de control y rendición de cuentas.
“La Inspección Educativa, como cualquier otro servicio público, debe desarrollar sus funciones con objetividad, imparcialidad y sometimiento a la legalidad”, recuerda CGT, que añade que investigar posibles irregularidades, analizar las diferencias de funcionamiento entre territorios o exigir responsabilidades cuando corresponda “no supone cuestionar su independencia”.
El sindicato insiste en que “independencia no significa inmunidad ni ausencia de control” y recuerda que la designación y el cese de quienes ocupan puestos de responsabilidad administrativa forman parte del funcionamiento ordinario de la DGA y no afectan por sí mismos a la independencia profesional del conjunto de inspectores e inspectoras. Como ejemplo, señala que hace apenas un año se produjo un relevo en la Jefatura de Inspección de Zaragoza sin que ello supusiera cuestionar la independencia profesional de la Inspección. Por ello, no considera que plantear el cese de una Jefatura territorial ante una situación de conflicto sostenida en el tiempo pueda presentarse como una amenaza a esa independencia.
Uesca concentra el 86,7% de los apercibimientos de Aragón
Durante su intervención en las Cortes, Susín utilizó el número de actuaciones disciplinarias en relación con el conjunto del profesorado oscense para relativizar su importancia: 19 actuaciones sobre 4.658 profesionales, un 0,41%. La consejera destacó asimismo que se habían realizado 13 apercibimientos y cuatro expedientes.
CGT considera que limitar el análisis a los datos de Uesca impide apreciar una cuestión fundamental: su comparación con Zaragoza y Teruel. Según la Memoria de la Dirección de la Inspección de Educación correspondiente al curso 2025-2026, durante ese periodo se realizaron 15 apercibimientos en todo Aragón: 13 en Uesca, dos en Zaragoza y ninguno en Teruel. Esto significa que Uesca concentró el 86,7% de todos los apercibimientos realizados en Aragón durante ese curso.
En cuanto a los expedientes disciplinarios incoados, fueron cuatro en Uesca, cuatro en Teruel y diez en Zaragoza. Para CGT, la diferencia se concentra en Uesca especialmente en el uso de los apercibimientos y exige explicar por qué esta herramienta presenta una incidencia “tan excepcionalmente elevada” en Uesca.
El sindicato subraya que estos datos “no demuestran por sí mismos que esas actuaciones sean incorrectas o injustificadas”, pero considera que una diferencia de esta magnitud “merece una explicación por parte del Departamento”.
Además, destaca que la propia Dirección de la Inspección, inmediatamente después de analizar los procedimientos disciplinarios, incluye entre sus propuestas de mejora la necesidad de “profundizar en el análisis de las causas” que originan estos procedimientos y reforzar la coordinación entre territorios, promoviendo actuaciones homogéneas ante casos similares y una mayor coherencia en su aplicación.
“Eso es precisamente lo que las organizaciones sindicales venimos reclamando: que un docente tenga las mismas garantías y esté sometido a los mismos criterios independientemente de que trabaje en Uesca, Zaragoza o Teruel”, sostiene CGT.
CGT pregunta por las instrucciones entre Servicios Centrales y las jefaturas territoriales
El sindicato llama asimismo la atención sobre otro aspecto recogido en la memoria de la Dirección de Inspección de Educación. En ella, la propia Dirección considera necesario ser informada previamente de las comunicaciones e instrucciones que se producen entre los Servicios Centrales y las Jefaturas Territoriales y reclama que se le incluya en ellas.
“¿Qué ha ocurrido? ¿Qué instrucciones se dan desde las Unidades Centrales a las Jefaturas Territoriales que no pasan por la Dirección de Inspección?”, se pregunta CGT para concluir.
