El sindicato de Enseñanza de la CGT en Uesca manifiesta su “preocupación por las recientes declaraciones realizadas por el nuevo Director de Educación, Carlos Oliván”, durante la inauguración del curso escolar en el IES Lucas Mallada, especialmente por producirse “mientras permanece pendiente de resolución un expediente disciplinario en el que se propone una suspensión de funciones de diez meses a un docente que es delegado sindical, miembro electo de la Junta de Personal Docente” y secretario general de CGT en Uesca.
El sindicato recuerda que “respeta y defiende la autonomía técnica de la Inspección Educativa”, y que precisamente por ello considera “imprescindible recordar que autonomía no significa ausencia de control, ni mucho menos inmunidad frente al cumplimiento de la legalidad y de los principios de objetividad, imparcialidad y responsabilidad exigibles a todos los empleados y órganos públicos”.
Para la CGT Enseñanza en Uesca “sorprenden las manifestaciones de Oliván, en las que defiende que la Inspección debe desarrollar su labor con autonomía, rechaza las actuaciones dirigidas contra ella y plantea incluso la necesidad de reforzarla. La mejor defensa de la Inspección Educativa no consiste en considerar cualquier crítica o petición de explicaciones sobre sus actuaciones como un ataque a la institución, sino en garantizar que dichas actuaciones puedan ser examinadas con transparencia, objetividad e independencia”, recalcan.
¿Juez y parte del procedimiento disciplinario todavía abierto?
Especial preocupación produce al sindicato que “estas declaraciones procedan precisamente de la autoridad administrativa que deberá adoptar la resolución definitiva en un procedimiento disciplinario todavía abierto”.
“Resulta difícilmente comprensible que, mientras se encuentra pendiente de resolver un expediente en el que se propone suspender durante diez meses a un representante sindical por unas declaraciones realizadas en el contexto de su actividad representativa, el Director Provincial realice públicamente una defensa expresa de la Inspección y califique de accesoria la condición sindical del afectado”, reiteran desde CGT.
Para el sindicato, dicha condición “no puede considerarse accesoria. No supone inmunidad frente a la ley ni impide la exigencia de responsabilidades cuando procedan, pero constituye una circunstancia jurídicamente relevante cuando se examinan actuaciones realizadas precisamente en el ejercicio de funciones sindicales y representativas”.
CGT considera, por tanto, que las declaraciones efectuadas públicamente “por quien deberá adoptar la decisión definitiva no contribuyen a transmitir la apariencia de objetividad e imparcialidad que debe presidir la resolución de cualquier procedimiento disciplinario, y muy especialmente cuando están afectados derechos vinculados al ejercicio de la actividad sindical”.
El sindicato tampoco comparte la explicación ofrecida por Oliván “para justificar el extraordinario número de apercibimientos y expedientes tramitados en la provincia de Uesca durante los últimos años. Según los datos aportados directamente por la propia administración que él representa, se habrían producido 48 actuaciones de este tipo en Uesca en tres años frente a 32 en el resto de Aragón, unas cifras cuya extraordinaria diferencia merece una explicación objetiva y verificable”.
“Atribuir esa diferencia simplemente a que en Uesca existe una mayor actividad inspectora no resuelve las dudas planteadas, aparte de poner de manera innecesaria en tela de juicio el trabajo de los y las compañeras de Zaragoza y Teruel. Si esa es realmente la explicación”, CGT solicita “que se hagan públicos los datos comparativos, la naturaleza de las actuaciones realizadas y los criterios empleados, de forma que pueda conocerse objetivamente por qué existe una diferencia tan acusada”.
Inspección Educativa desempeña “una función esencial”
Asimismo, CGT asegura que “ha apoyado y seguirá apoyando las reivindicaciones profesionales de la Inspección Educativa en Aragón” cuando las considere justas, “precisamente por respeto a la institución”, este sindicato se niega a aceptar “que la defensa de la Inspección pueda confundirse con la defensa incondicional de todas y cada una de las actuaciones de quienes la integran”.
“La Inspección Educativa desempeña una función esencial y debe poder ejercerla con independencia y autonomía. Pero esa independencia debe coexistir necesariamente con la transparencia, la rendición de cuentas y el sometimiento pleno a la legalidad”, recalcan desde el sindicato.
Finalmente, CGT Enseñanza Uesca asegura que seguirá “defendiendo esos mismos principios para todos los empleados públicos, sean docentes, inspectores o responsables de la Administración educativa”.
Además, concluyen afirmando que CGT “seguirá ejerciendo con plena libertad su función sindical, denunciando aquellas actuaciones que considere irregulares y defendiendo a sus representantes y afiliados sin aceptar que el ejercicio legítimo de la crítica sindical pueda producir un efecto intimidatorio o disuasorio sobre quienes tienen encomendada la representación de los trabajadores. La autonomía protege a la Inspección. La transparencia y el control garantizan su legitimidad”.
