El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) va a despedir, después de 13 años de trabajo, a 1.200 empleadas y empleados del organismo público que estaban desarrollando su labor con contratos temporales. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación de Trabajadores Públicos FETAP del sindicato confederal emprenderán acciones legales y de denuncia de la situación en el Estado español y ante la Unión Europea en defensa de sus puestos de trabajo.
En CGT consideran que esos despidos son injustificados, vulneran derechos laborales básicos y generan alarma social al debilitar el servicio de atención ciudadana. El Servicio Público de Empleo Estatal es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de los territorios, forman el Sistema de Empleo, un organismo fundamental en la articulación de políticas de empleo activo, derechos laborales y prestaciones de desempleo. Además del problema de atención en oficinas, el Ministerio de Hacienda y Función Pública está discriminando gravemente a este colectivo de trabajadoras y trabajadores temporales, incumpliendo la Ley 20/21, la Directiva de la Unión Europea 70/99 y la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la temporalidad en el empleo público.
Desde CGT y FETAP critican que estos despidos masivos en un momento como el actual, donde precisamente es más importante que nunca asegurar el correcto funcionamiento del servicio después de la enorme gestión administrativa que se produjo con motivo de la pandemia del coronavirus, es además de un atentado a los derechos de las trabajadoras y trabajadores, una temeridad que puede tener graves consecuencias.
El grave deterioro de la calidad y el caos que se puede producir por la falta de trabajadores y trabajadoras con experiencia en las Oficinas de Prestaciones, donde estaba adscrita la mayoría de la plantilla temporal del SEPE, va a producir un debilitamiento de un servicio ciudadano que es esencial.
CGT y FETAP denuncian “la situación de abandono y manifiesta injusticia que se produce con este colectivo de trabajadoras y trabajadores por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Contra la medida se pondrán en marcha mecanismos legales de defensa de la clase trabajadora y no se descartan posibles acciones de denuncia pública de la situación”.
