CGT Enseñanza denuncia la situación de "indefensión" que viven muchas madres trabajadoras del sistema educativo público aragonés. Según el sindicato "se les obliga a formar parte de tribunales de oposición a pesar de tener a su cargo hijos lactantes o menores de tres años, sin ofrecerles la posibilidad real de exención por conciliación familiar y protección de la maternidad, ni los medios necesarios para que esa conciliación se pueda realizar de manera efectiva".
Por ello, Cristina Vallés, secretaria general de CGT Enseñanza Zaragoza, ha presentado en Inspección de Trabajo una denuncia por la "ausencia de medidas" que "desde el Departamento de Educación se han realizado ante los problemas de madres de menores de tres años, alguna de ellas con bebés lactantes, para conciliar con una actividad laboral que les exige vivir durante más de un mes a cientos de kilómetros de su domicilio".
"Desde CGT queremos denunciar que se dan casos de profesoras que, tras reincorporarse de una baja maternal o mientras mantienen la lactancia materna —a menudo exclusiva—, son designadas como miembros de tribunales en otras localidades, viéndose obligadas a desplazarse cientos de kilómetros durante más de un mes, sin disponer de red familiar ni recursos suficientes para dejar a sus hijos e hijas. La opción de llevar al menor a una guardería no es viable en estos casos, ya que requiere un periodo de adaptación progresivo obligatorio que no se puede cumplir, ya que han de permanecer en sus puestos de trabajo la semana anterior", critica Vallés.
Además, la representante sindical insiste en que "algunas mujeres han presentado informes médicos y pediátricos que recomiendan no separarse del menor por razones de salud —como mastitis recurrente o problemas en la alimentación del bebé—, y aún así se les ha denegado la exención sin valorar adecuadamente dicha documentación, o no obteniendo respuesta alguna a los informes".
Por ello, desde CGT solicitan a la Consejería de Educación de Aragón la exención para las madres con hijos lactantes o menores de tres años que así lo soliciten, "evitando que la participación en tribunales suponga una vulneración de sus derechos básicos". En este sentido, Cristina Vallés expone que "la exención como miembros de tribunales de oposición a las madres con menores de tres años era una de las medidas que CGT solicitó en la mesa informativa sobre tribunales a la que nos convocó Educación el pasado 13 de marzo, pero tuvimos respuestas verbales poco justificadas y comentarios poco sensibles por parte de la administración".
La representante de CGT explica que la denuncia presentada se argumenta en "la discriminación indirecta por razón de sexo y maternidad, la negativa injustificada a valorar informes médicos, la falta de protocolo para exención por cuidado de menores y lactancia", y por último, "la obligación de desplazamientos prolongados sin valoración de las circunstancias personales y sus consecuencias". Desde el sindicato esperan que la denuncia sirva para que "la administración rectifique y solucione este problema que tanta ansiedad está provocando en algunas docentes, respetando de esta manera el derecho a la conciliación familiar, a la protección de la lactancia y a la salud de la madre y del menor, como establece el marco legal vigente, tanto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como convenios internacionales firmados por España que protegen los derechos de la mujer y de los menores".
"No se entiende que, desde febrero de 2025, ser monoparental (o si el otro progenitor no puede hacerse cargo de forma justificada) con un hijo o hija menor de 14 años, sea una razón para no estar en una mesa durante una jornada electoral de un día, y tener criaturas menores de tres años no sea motivo suficiente para obligar a alguien a vivir a cientos de kilómetros durante más de un mes", finaliza Cristina Vallés.
