CGT Enseñanza, segundo sindicato en la enseñanza pública aragonesa, denunció el pasado 10 de marzo “la precarísima situación en la que se encuentra el Servicio de Educación de Zaragoza, situación que tiene graves afecciones para los centros educativos, para el profesorado y para el alumnado y familias”.
Este pasado martes, 18 de marzo, en una reunión con la consejera de Educación, Tomasa Hernández Martín “se nos ha informado que Función Pública ha levantado el crédito para la contratación de 18 puestos en el mencionado servicio”, señalan desde el sindicato.
José Luis Ruiz, secretario de acción jurídica de CGT Enseñanza Zaragoza, explica que “desde CGT se valora positivamente la contratación de dicho personal, ya que viene a aliviar un poco la situación dramática en la que se encuentra este servicio, pero, y como hemos trasladado a la consejera, es totalmente insuficiente para resolver el problema, ya que, por un lado, solo 13 de las 18 vacantes que se van a ofertar van a suponer un incremento de plantilla real, puesto que las otras cinco son plazas que serán ocupadas por funcionariado del propio servicio, que dejarán vacantes a su vez las plazas que actualmente están ocupando, pero es que además, las 13 ó 18 plazas son escasas si vamos a los datos que desde CGT ofrecimos hace una semana”.
Los datos a los que se refiere el representante sindical son que el Servicio de Educación de Zaragoza “dispone de 103 puestos de trabajo, de los cuales están cubiertos 45, estando sin ocupar 58 puestos de trabajo, es decir el 53% de las plazas”.
“Además de los 45 puestos cubiertos, hay tres que están con incapacidad temporal y no han sido sustituidos”, lo cual para Ruiz “es claramente insuficiente que se vayan a cubrir 13 vacantes de las 58 plazas que están sin cubrir, ya que seguirá faltando prácticamente la mitad de la plantilla, un 47%, y no va a resolver el atasco burocrático que hay en el Servicio, que supone que, como ya denunciamos, que muchos docentes estén sin cobrar complementos desde hace dos años, o que los trámites que deben hacer las familias, como becas o matrículas se demoren”, recalca.
La consejera Hernández “se ha comprometido a volver a ofertar esas cinco plazas que en la oferta que se haga esta semana no van a suponer un incremento de plantilla real, y a continuar solicitando a Función Pública la cobertura de todas las plazas vacantes del Servicio de Zaragoza”, aseveran desde el sindicato.
Desde CGT, termina explicando José Luis Ruiz “seguiremos exigiendo que el Servicio de Zaragoza se dote del personal necesario para que cumpla su cometido con toda la comunidad educativa. Es inadmisible que el Gobierno de Aragón tenga a sus trabajadores y trabajadoras sin percibir parte de su sueldo, y sin dar un servicio digno a los centros, nos da igual que la responsabilidad sea del Departamento de Educación o de Función Pública, pero es una cuestión que debe resolverse de manera inmediata, ya que en caso contrario deberán ser los tribunales los que sancionen a la administración o a los y las responsables de generar esta situación, y obligue a la administración a ponerle remedio”, concluye.
Las Cortes de Aragón abren “un expediente informativo de la inspección realizada” en el IES Ramón y Cajal de Uesca
La Comisión de Educación de las Cortes de Aragón aprobó este pasado martes, con el voto en contra del PP, “abrir un expediente informativo de la inspección realizada en el IES Ramón y Cajal de Uesca y su posterior traslado a los grupos parlamentarios”.
El diputado Álvaro Burrell -PSOE- explicaba que “en noviembre de 2024 hubo una reunión entre la directora del centro educativo y la Inspección de Educación de Uesca para valorar los criterios de calificación de evaluación por parte del Departamento de Matemáticas del instituto”. De esta forma, ponía de manifiesto que “existe cierto malestar en la comunidad educativa del centro porque no están claros los motivos de actuación de la inspección, ni las razones para tal intervención”, además, indicaba que “por parte de la dirección expresan que no ha habido denuncias respecto a los criterios de evaluación”.
Desde CHA, Isabel Lasobras expresaba que “todos queremos saber qué pasó, para eso está el control al Gobierno”, y señalaba que “el Departamento de Educación ha permitido que esta cuestión llegue a esta comisión, cuando es una de sus responsabilidades”, insistiendo en que “la directora puntualizó que no solicitó la visita de la inspectora”. Por su parte, el parlamentario de Aragón -Teruel Existe Tomás Guitarte, incidía en que “cuando hay situaciones difíciles hay que llevar a cabo pautas de actuación”, y solicitaba que “se apliquen medidas para cortar esta coyuntura por parte de la consejera y se dejen de medias tintas, así como una aparente equidistancia con el profesorado”.
