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Denuncian el “incumplimiento” de la ley de accesibilidad en Renfe y Adif

“Un incumplimiento más que afecta a millones de personas en su tránsito diario: personas con discapacidad, personas con andadores o carritos bebé y a un 10% de la población española que son personas mayores cuya movilidad se ve comprometida por la edad”, aseguran desde el sindicato CGT
| 29 mayo, 2018 10.05
Denuncian el “incumplimiento” de la ley de accesibilidad en Renfe y Adif
Foto: fui:-) (CC)

El 4 de diciembre de 2017 era la fecha límite en la que deberían haber desaparecido en el Estado español todas las barreras arquitectónicas en todos los espacios públicos y privados, de acuerdo al decreto 1/2013 que desarrolla la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social.

“Un incumplimiento más que afecta a millones de personas en su tránsito diario: personas con discapacidad, personas con andadores o carritos bebé y a un 10% de la población española que son personas mayores cuya movilidad se ve comprometida por la edad”, aseguran desde CGT.

Por ello, desde el Sector Ferroviario de dicho sindicato creen que la ley afecta al sector público y privado por igual, pero que “debería haber sido de obligado y estricto cumplimiento en todo el sector público, especialmente en lo tocante al transporte público, y en los caso de Renfe y Adif, en trenes e instalaciones”.

Denuncian así el “incumplimiento sistemático de esta ley que el mismo gobierno del PP creó y al que no le duelen prendas reconocer” que a día de hoy en el Estado español “existen 346 estaciones de tren que no están adaptadas a personas con discapacidad y a la ley”.

“De igual forma -añaden-, aún quedan cientos de trenes que por su antigüedad y la falta de inversión para su adaptación, siguen sin poder ser utilizados por los viajeros con serios problemas de movilidad y a los que la ley protege”.

A su juicio, consideran que “la no adaptación de estaciones y trenes obedece simple y llanamente a la poca conciencia social que se tiene por parte de algunos estamentos públicos y sobre todo, a la falta de inversiones públicas”.

“Desde CGT llevamos décadas denunciando las ingentes cantidades de dinero público que se invierten y derrochan en las políticas del ‘todo AVE’, en las que priman por encima de las necesidades de la población, el impacto mediático y electoralista. Prácticas políticas que acarrean situaciones de incumplimientos de ley, desigualdad y una clara discriminación de los colectivos más sensibles respecto al resto de la población que ostenta una movilidad normal”.

En Renfe existe actualmente un servicio de Atención y Asistencia a viajeros y viajeras con diversidad funcional o movilidad reducida (ATENDO). Una prestación que ofrece cobertura únicamente a 135 estaciones de un total de aproximadamente 2.500 que componen el entramado ferroviario en el Estado español. “Sin lugar a dudas, un servicio insuficiente para garantizar los derechos de los usuarios con movilidad reducida”, matizan.

Por estos motivos, desde CGT comparten la iniciativa de la fiscalía de València que se hizo eco de la demanda de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) por la “situación de desamparo y discriminatoria” que sufren las personas con diversidad funcional y movilidad a la hora de utilizar algunos servicios de Cercanías. “Por el claro incumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a la discriminación de las personas por carencias en la accesibilidad en el transporte”, explican.

De igual forma, apoyan la iniciativa a título individual del viajero J.A.P. que hace unos días deseaba ir a Cullera en un tren de cercanías y ante la solución dada por Renfe, “una espera de varias horas”, decidió encadenarse al tren de cercanías en la estación de Valencia Nord.

“Han sido muchos los viajeros y asociaciones específicas de estos colectivos las que a lo largo del tiempo han denunciado hechos similares, sin que hasta la fecha se haya apostado seriamente por parte de la Administración en solventar estos graves problemas”, recalcan. Por lo que desde CGT, demandan el cumplimiento de la ley “de manera urgente, destinando los fondos públicos necesarios para garantizar el derecho de estas personas y su no discriminación”.

29 mayo, 2018

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