La sección sindical de CGT en la multinacional farmacéutica Bieffe Medital S.A.U. (Grupo Baxter) ha denunciado públicamente “la concesión de ayudas y beneficios fiscales” a esta empresa, a pesar de una sentencia judicial que la condena por vulneración de derechos fundamentales de un trabajador.
El Juzgado de lo social Único de Uesca dictó el pasado 15 de diciembre de 2023 la nulidad del despido de Elías Martínez, miembro de la sección sindical de CGT en Bieffe Medital, al considerar acreditada la vulneración de sus derechos fundamentales. La sentencia obliga a la empresa a readmitir al trabajador en las mismas condiciones laborales y a abonarle los salarios no percibidos desde el despido, así como una indemnización de 7.501 euros.
Sin embargo, según denuncia CGT, la empresa ha optado por aplicar una figura de “readmisión provisional con permiso retribuido”, alegando la existencia de un recurso judicial pendiente. Esta medida implica que el trabajador no se reincorpore a su puesto, a pesar de la firmeza de la sentencia en primera instancia.
Desde CGT se considera que esta decisión “busca dilatar el cumplimiento efectivo de la sentencia y limitar la presencia del trabajador en su centro de trabajo y en la actividad sindical”, lo que a su juicio constituye una “estrategia para debilitar la representación sindical en la empresa”.
Según declara la organización sindical, “es más que cuestionable que una empresa condenada por prácticas contrarias a los derechos laborales esté recibiendo apoyo institucional”.
En concreto, se refiere a la reciente declaración del "Plan de Inversiones 2024-2030" de Bieffe Medital como inversión de interés autonómico, lo que implicará una inversión superior a los 80 millones de euros y la previsión de crear 210 puestos de trabajo directos y 170 indirectos.
“Nos preguntamos si estas son las empresas que deben recibir subvenciones o beneficios fiscales”, se cuestionan desde CGT, que exige “una mayor vigilancia y responsabilidad” por parte de las administraciones públicas en la concesión de fondos públicos. Añadiendo que “no puede permitirse que el dinero de la ciudadanía se destine a financiar prácticas empresariales que vulneran derechos laborales y sindicales”.
CGT reafirma su compromiso “con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras” y exige responsabilidades tanto a la dirección de Bieffe Medital como a las instituciones que, en su opinión, permiten que estas situaciones se repitan.
