CGT considera que se da una situación “idónea” para denunciar los contratos temporales

Si un contrato temporal afectado durante estos meses por un ERTE, es denunciado y declarado en fraude de ley, además de pagar mayor indemnización por el despido, la empresa deberá devolver las cotizaciones “perdonadas”. Nueve de cada diez nuevas contrataciones son temporales, y casi todas están hechas en fraude de ley.

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Foto: CC.

El gobierno decretó que no se pueden efectuar despidos justificados en la situación creada por el COVID-19, pero no prohibió las finalizaciones de contratos. “Lo único que dijo es que si una empresa manda a un eventual a un ERTE, se le retrasa la finalización del contrato” señalan desde CGT.

Con la regulación específica aprobada durante el estado de alarma, las empresas no han tenido que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas afectadas por un ERTE. Estas cotizaciones suponen algo más del 30% del salario. Ahora bien, el gobierno ha puesto requisitos a las empresas y deben mantener el empleo durante 6 meses, ya que si despiden de forma objetiva o improcedente a esta persona, tendrán que devolver esas cotizaciones “perdonadas”.

Este mantenimiento de empleo no afecta a las finalizaciones de contratos temporales, y pueden mandar al ERTE a una persona con contrato temporal, y una vez terminado el ERTE, cuando llegue la fecha fin del contrato, extinguir la relación laboral sin tener que devolver estas cotizaciones.

Desde CGT defienden que el 80% de los contratos temporales están realizados en fraude de ley y deberían haberse realizado como indefinidos y no como temporales. Por tanto, “si el trabajador o trabajadora denuncia y la contratación se declara en fraude de ley, el efecto es el reconocimiento de despido improcedente, lo cual lleva aparejado una mayor indemnización y la obligatoriedad para la empresa de devolver esas cotizaciones”.

El sindicato anarcosindicalista anima a los y las trabajadoras a salvar el miedo a la denuncia y, como primer paso, a informarse de la situación de su contrato, para en un segundo paso interponer la correspondiente demanda. “En primer lugar, porque hay unos derechos que se han visto vulnerados. Y en segundo lugar, porque no podemos consentir que empresas que incumplen la normativa se aprovechen de bonificaciones y subvenciones que, al final, pagamos todos y todas”, aseguran.

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