CGT Aragón ante la Huelga de monitoras de comedor escolar

Después de varios días de Huelga de las monitoras de comedor, el conflicto sigue sin resolverse. La Administración aragonesa, principal responsable de este conflicto, se mantiene al margen, sin presionar a la empresa para la resolución del conflicto de una manera justa y satisfactoria para las trabajadoras. Esta situación es resultado de la privatización de los servicios educativos. Mientras la empresa privada se lleva los beneficios del servicio, son los centros educativos mediante los Equipos directivos quienes realizan el trabajo de la gestión de dicho servicio. En el caso de la Huelga de monitoras, la Administración aragonesa se lava las …

tupperDespués de varios días de Huelga de las monitoras de comedor, el conflicto sigue sin resolverse. La Administración aragonesa, principal responsable de este conflicto, se mantiene al margen, sin presionar a la empresa para la resolución del conflicto de una manera justa y satisfactoria para las trabajadoras.

Esta situación es resultado de la privatización de los servicios educativos. Mientras la empresa privada se lleva los beneficios del servicio, son los centros educativos mediante los Equipos directivos quienes realizan el trabajo de la gestión de dicho servicio.

En el caso de la Huelga de monitoras, la Administración aragonesa se lava las manos, cargando la responsabilidad del Servicio sobre los Equipos Directivos, aumentando sus obligaciones e impidiendo la repercusión que toda Huelga pretende tener para ser efectiva con los resultados que se quieren conseguir.

Queremos recordar a la Administración aragonesa, el RD ley 17/1977, que dice en su artículo 6.5:

“El empresario no puede sustituir a los trabajadores huelguistas por trabajadores –bien contratados, bien reclutados a través de empresas de trabajo temporal [ art. 8.a) LETT], que no estuvieran vinculados a la empresa en el momento de comunicarse la huelga, salvo incumplimiento de la obligación de atender los servicios de mantenimiento y seguridad, o de los servicios mínimos en huelgas en servicios esenciales para la comunidad”.

Cargar la responsabilidad del servicio sobre los Equipos directivos, supone por parte de la Administración aragonesa un incumplimiento del Real Decreto y podría incurrir en una infracción grave sancionable por la Autoridad laboral, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Ya que por otra parte, el Código Penal establece que incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art. 542 CP), como podría ser el derecho de huelga.

Además los equipos directivos no pueden garantizar ni la seguridad sanitaria ni alimentaria del alumnado. Por ello, solicitamos a la Administración educativa la mediación inmediata ante la empresa para solucionar el conflicto de manera satisfactoria.

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