Lo ocurrido en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026 no puede analizarse únicamente como una nueva crisis migratoria. La entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos convirtió durante horas una frontera internacional en el escenario de una crisis humanitaria, política, diplomática y de seguridad de dimensiones extraordinarias.
Pero, además, ha abierto una pregunta que no podemos evitar: ¿Puede la migración ser utilizada deliberadamente como instrumento de presión política o geopolítica contra otro Estado?
No es una pregunta menor, ni tampoco una acusación que pueda formularse a la ligera. Es una hipótesis que debe investigarse. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo ahora en la Audiencia Nacional, que investiga las circunstancias que rodearon la entrada masiva y las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de ella.
La documentación desclasificada por el Gobierno ha añadido una nueva dimensión a la controversia. Ya no se discute únicamente si existieron avisos previos, sino qué información circuló, a quién se comunicó, por qué canales y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.
Por eso, antes de sacar conclusiones políticas, hay una obligación democrática mucho más elemental: saber qué ocurrió realmente.
Las personas migrantes no son armas
Hay algo que debería quedar claro desde el principio: las personas que llegaron a Ceuta no son responsables de las estrategias geopolíticas de los Estados. No son armas, no son soldados y no son agentes de Marruecos. Son personas.
Algunas huyeron de situaciones de pobreza, persecución, violencia o falta de oportunidades. Otras pudieron desplazarse por motivos económicos. Entre ellas había familias, mujeres, adolescentes y niños.
Convertir a todas esas personas en una prolongación de las decisiones de un Gobierno extranjero sería una doble injusticia. Primero, porque las convertiría en instrumentos de una disputa que no han provocado. Segundo, porque permitiría justificar contra ellas respuestas que pueden terminar vulnerando derechos fundamentales.
Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de este tipo de crisis. Si un Estado extranjero hubiera instrumentalizado la migración, quienes habrían sido utilizados como instrumento serían precisamente las personas más vulnerables. Pero si, como consecuencia de ello, Europa responde criminalizando a quienes fueron instrumentalizados, entonces la estrategia habría conseguido un segundo objetivo: convertir a las víctimas de una posible instrumentalización en enemigos internos.
Los menores no pueden convertirse en moneda de cambio
Una de las cuestiones más delicadas de la crisis de Ceuta es la presencia de miles de menores. Las cifras han cambiado durante los últimos días y muestran, además, hasta qué punto la identificación de los menores constituye una de las grandes dificultades de la respuesta institucional.
Este 15 de septiembre, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 2.048 los menores identificados en Ceuta, de los cuales 1.612 llegaron durante la entrada masiva del 30 de julio. El Gobierno estima que todavía permanecen entre 700 y 1.000 menores en las calles, mientras alrededor de 900 han sido trasladados a nuevos espacios de acogida.
La situación resulta especialmente preocupante porque, hasta este lunes, la Ciudad Autónoma todavía no había asignado los representantes legales necesarios para iniciar formalmente los procedimientos de protección. El Gobierno ha informado de que ya se han abierto los primeros diez expedientes y ha destinado dos millones de euros para reforzar la atención jurídica, con el despliegue de 18 abogados.
Estas cifras actualizan las anteriores estimaciones que situaban en alrededor de 2.100 los menores registrados y aproximadamente 700 niñas. La evolución de los datos no cambia el fondo de la cuestión: seguimos hablando de miles de niños y adolescentes cuya situación jurídica y de protección debe ser determinada individualmente.
La Fiscalía y el Ministerio de Juventud e Infancia han acordado acelerar el traslado a la Península de alrededor de 500 menores especialmente vulnerables, en un contexto en el que también se han abierto más de treinta procedimientos por agresiones sexuales contra mujeres migrantes desde la entrada masiva. La Fiscalía ha señalado que alrededor del 40 % de las víctimas serían menores no acompañadas.
No estamos hablando de una cuestión meramente administrativa. Estamos hablando de menores. En una situación así, cualquier decisión sobre su retorno debe partir de una premisa: el interés superior del menor no puede quedar subordinado a una negociación política.
La Directiva 2008/115/CE establece garantías específicas para los menores no acompañados antes de adoptar una decisión de retorno y antes de ejecutar su expulsión.
España dispone además de un acuerdo con Marruecos sobre la readmisión de menores no acompañados, pero ningún acuerdo bilateral puede situarse por encima de la legislación española, del Derecho europeo y de las obligaciones internacionales de España en materia de infancia.
Un menor no puede ser devuelto simplemente porque su devolución resulte políticamente conveniente. Debe garantizarse su protección, comprobarse su situación individual y determinarse, cuando proceda, la posibilidad de reunificación familiar o de entrega a una institución adecuada. También debe garantizarse que la medida responde verdaderamente a su interés superior.
Los menores no pueden convertirse en moneda de cambio de una crisis diplomática.
Devolver no significa devolver de cualquier manera
La discusión sobre las devoluciones también necesita menos consignas y más Derecho.
España tiene derecho a controlar sus fronteras, pero el control fronterizo no constituye un espacio jurídicamente vacío. Una persona extranjera no pierde sus derechos por encontrarse en una frontera y mucho menos los pierde un niño.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó en N.D. y N.T. contra España, sentencia de 13 de febrero de 2020, una situación concreta relacionada con entradas irregulares y devoluciones inmediatas. El Tribunal no declaró una vulneración del Convenio en las circunstancias específicas analizadas.
Pero aquella sentencia tampoco constituye una autorización general para efectuar devoluciones colectivas ni resuelve automáticamente cualquier situación posterior. Cada caso tiene sus propias circunstancias, cada persona tiene una situación jurídica determinada y los menores cuentan con garantías reforzadas.
Por eso resulta preocupante escuchar determinados discursos políticos como si cualquier persona que haya cruzado irregularmente una frontera pudiera ser devuelta automáticamente sin identificación, sin procedimiento y sin garantías.
El Estado de derecho no funciona así.
¿Puede utilizarse la migración como arma política?
Esta es probablemente la pregunta más incómoda de todo el artículo y, precisamente por eso, hay que formularla.
La instrumentalización de los movimientos migratorios por parte de Estados o actores políticos no es una hipótesis exclusivamente española. Europa ha conocido diferentes episodios en los que grandes movimientos de personas han sido utilizados dentro de conflictos políticos o geopolíticos.
Turquía y Grecia vivieron una crisis especialmente intensa en 2020. Bielorrusia fue acusada por la Unión Europea de instrumentalizar la migración en sus fronteras con Polonia, Lituania y Letonia.
En esos casos, el movimiento de personas no puede comprenderse únicamente desde una perspectiva migratoria. Existe una dimensión política y también una dimensión de seguridad.
El concepto de guerra híbrida intenta precisamente describir determinadas estrategias que combinan instrumentos militares y no militares: desinformación, presión económica, ciberataques, operaciones políticas, manipulación informativa o utilización de flujos migratorios.
Por ello, la cuestión no consiste en afirmar que toda crisis migratoria es una operación híbrida. Eso sería absurdo. La cuestión es determinar si, en determinadas circunstancias, un Estado puede utilizar deliberadamente una presión migratoria extraordinaria para alcanzar objetivos políticos.
En el caso de Ceuta, distintos análisis especializados han señalado similitudes con episodios anteriores de instrumentalización migratoria asociados a Rusia y Bielorrusia.
Pero una similitud no demuestra una operación híbrida marroquí.
Lo que sí demuestra es que la hipótesis merece ser investigada.
Marruecos y Ceuta: una hipótesis que ya investiga la justicia
Aquí es donde la cuestión deja de pertenecer exclusivamente al terreno de la opinión política.
La Audiencia Nacional ha asumido la investigación sobre los acontecimientos del 30 y 31 de julio. La magistrada María Tardón investiga las circunstancias de la entrada masiva y las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de ella.
Entre los elementos analizados aparecen las actuaciones de las autoridades marroquíes y la posibilidad de que existiera algún tipo de facilitación, tolerancia o connivencia.
Pero debemos ser rigurosos: investigar no significa condenar.
La Audiencia Nacional ha recibido informes policiales que apuntan a una entrada organizada y no meramente espontánea, y la investigación contempla delitos de distinta naturaleza, entre ellos posibles delitos contra la seguridad del Estado, derechos de ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y organización criminal.
Eso no significa que exista ya una sentencia ni que se haya demostrado judicialmente la responsabilidad del Gobierno marroquí. Precisamente por eso resulta tan importante que la investigación continúe.
Y hoy, 15 de septiembre, se ha producido un avance judicial especialmente relevante: la jueza de Instrucción número 6 de Ceuta ha remitido a la Audiencia Nacional la causa abierta contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por su posible relación con la gestión de la entrada masiva. La decisión responde a la solicitud de la magistrada María Tardón y al criterio de la Fiscalía de Ceuta, que consideró que existe una conexión objetiva y subjetiva entre ambas investigaciones.
La causa se originó a partir de denuncias contra el delegado y deberá analizar ahora, entre otras cuestiones, las posibles responsabilidades relacionadas con la información previa disponible y la respuesta institucional ante la entrada masiva. También se ha planteado la declaración como testigo del exjefe de gabinete de Pérez Triano, Gonzalo Sanz, quien sostiene que informó al delegado de una advertencia del CNI, algo que este último ha negado.
Esto significa que la investigación judicial empieza a abordar también las posibles responsabilidades derivadas de la gestión española de la crisis.
Y eso es exactamente lo que debe ocurrir. Investigar la posible actuación marroquí no debe impedir investigar posibles fallos españoles. Una cosa no excluye la otra.
Cuando los documentos empiezan a hablar
La desclasificación de los documentos del CNI y de otros organismos ofrece ahora una oportunidad extraordinaria para reconstruir la secuencia de acontecimientos.
Entre los documentos aparecen avisos sobre movimientos y sobre la posibilidad de una entrada irregular, incluida la planificación en redes sociales de cruces a nado y por la valla.
El CNI comunicó información mediante mensajes y también mediante una comunicación formal dirigida a los servicios de inteligencia marroquíes. Sin embargo, el Gobierno sostiene que aquellas comunicaciones no constituían una alerta oficial de una entrada masiva de la magnitud que finalmente se produjo.
La documentación oficial publicada por el Gobierno contiene 40 documentos y comunicaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y CIFAS, incluidos informes emitidos antes y durante la entrada masiva. Entre ellos aparece una nota urgente del CNI del 29 de julio dirigida a los servicios de inteligencia marroquíes, así como comunicaciones posteriores relativas a la situación fronteriza.
Aquí aparece una cuestión fundamental: una cosa es disponer de información sobre un posible intento de entrada. Otra completamente distinta es disponer de información que permita prever que decenas de miles de personas van a intentar acceder a Ceuta en cuestión de horas. Esta diferencia debe mantenerse.
El Gobierno insiste en que nadie pudo prever una entrada de alrededor de 70.000 personas con la información disponible.
Pero la controversia política continúa porque Gonzalo Sanz, que era jefe de gabinete del delegado del Gobierno, sostiene que trasladó las advertencias del CNI del 29 de julio, mientras que el delegado del Gobierno ha negado haber recibido una alerta formal de esas características.
Y la documentación publicada añade otro elemento: la central de Madrid del CNI habría instado al responsable del servicio en Ceuta a avisar a la Delegación del Gobierno.
Por tanto, ya no basta con preguntar si había información. Hay que determinar qué información había, qué nivel de riesgo se le atribuyó, a quién se comunicó, por qué canal y cuándo se comunicó, además de qué hicieron las autoridades después de recibirla.
La propia documentación desclasificada recoge análisis sobre la respuesta marroquí y sobre la ausencia de una reacción que algunos informes calificaron como proactiva durante las primeras horas. Otros documentos apuntan a una posible falta de medios o a un desbordamiento de las autoridades marroquíes. Precisamente por eso, la investigación deberá determinar si se trató de incapacidad, pasividad, tolerancia deliberada o alguna forma de coordinación.
Ninguna de esas hipótesis puede darse por probada todavía.
El precedente de la Marcha Verde: cuando la población se convierte en instrumento de presión
Para comprender por qué la hipótesis de la instrumentalización migratoria no puede descartarse simplemente como una teoría extravagante, conviene mirar hacia la historia.
En 1975, Marruecos organizó la denominada Marcha Verde sobre el Sáhara Occidental. Cientos de miles de civiles marroquíes fueron movilizados hacia el territorio en un momento de enorme fragilidad política para España.
La Marcha Verde no fue una migración espontánea. Fue una movilización política y territorial organizada por el Estado marroquí.
La situación jurídica del Sáhara era, además, objeto de una compleja disputa internacional.
El Tribunal Internacional de Justicia emitió su dictamen consultivo el 16 de octubre de 1975. La Corte consideró que el Sáhara Occidental no era terra nullius y reconoció determinados vínculos jurídicos de lealtad entre el sultán de Marruecos y algunas tribus, pero concluyó que los materiales aportados no establecían un vínculo de soberanía territorial entre Marruecos y el territorio que pudiera impedir la aplicación del principio de autodeterminación.
Después llegaron los Acuerdos de Madrid y la retirada española. Y las consecuencias políticas y humanas de aquel proceso siguen presentes medio siglo después.
El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de una solución política conforme al marco de Naciones Unidas.
Por eso la Marcha Verde constituye un precedente histórico que merece ser estudiado.
No porque Ceuta sea el Sáhara Occidental, ni porque 1975 y 2026 sean situaciones idénticas, sino porque existe una cuestión común que merece atención: la utilización de grandes movimientos de población como herramienta de presión política.
Las sombras internacionales de la Marcha Verde
Aquí es donde la documentación histórica que hemos analizado adquiere una importancia especial.
En las páginas de Tomás Bárbulo, La historia prohibida del Sáhara español aparece un relato sobre la preparación internacional de la Marcha Verde y las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos.
La obra sostiene que Marruecos desarrolló una estrategia internacional para preparar la operación y recoge referencias a contactos y apoyos estadounidenses.
Una de las páginas reproduce además un telegrama atribuido a Henry Kissinger y enviado desde la Embajada estadounidense en Beirut a Rabat, relacionado con la preparación de la operación.
El texto presentado por Bárbulo sostiene que determinados trabajos estratégicos relacionados con la Marcha Verde se desarrollaron en Londres y que Marruecos contó con apoyos internacionales.
Pero hay que ser especialmente rigurosos aquí: no debemos convertir la narración de una fuente histórica en una verdad judicialmente probada.
Las páginas aportadas documentan una reconstrucción histórica concreta y remiten a comunicaciones diplomáticas y fuentes de la época.
Eso permite plantear preguntas. No permite afirmar automáticamente que Estados Unidos diseñó toda la operación.
También resulta relevante la documentación de Naciones Unidas y la cuestión jurídica posterior. La documentación aportada sobre la situación del Sáhara recuerda que los llamados Acuerdos de Madrid no supusieron una transferencia de soberanía sobre el territorio.
La cuestión de la administración y de la soberanía del Sáhara no quedó resuelta simplemente mediante la firma de aquellos acuerdos.
Por tanto, existen dos planos que debemos mantener separados: el plano histórico, en el que existen documentos, testimonios y relatos sobre la preparación internacional de la Marcha Verde, y el plano jurídico internacional, en el que la cuestión de la soberanía y del derecho a la autodeterminación sigue teniendo una dimensión propia.
Esta distinción es fundamental para que el análisis no pierda rigor.
Marruecos, Israel y Estados Unidos: la hipótesis que también debe investigarse
La historia tampoco puede analizarse ignorando el contexto internacional actual.
En los últimos años se ha producido un fortalecimiento de las relaciones entre Marruecos, Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, el Gobierno español ha adoptado determinadas posiciones internacionales que han generado tensiones diplomáticas.
España reconoció oficialmente al Estado de Palestina en mayo de 2024. También ha reforzado su relación con Argelia. Y en septiembre de 2026 el Congreso español aprobó una iniciativa sobre la nacionalidad española para saharauis nacidos bajo la administración española, una cuestión especialmente sensible para Marruecos.
Todo ello forma parte de un contexto geopolítico complejo.
Pero hay que evitar un error: contexto no significa causalidad.
Que España haya adoptado determinadas posiciones sobre Palestina, Argelia o el Sáhara no demuestra que una eventual operación contra Ceuta haya sido organizada por Marruecos, Estados Unidos o Israel.
Mucho menos permite afirmar que Washington o Tel Aviv estén detrás de la crisis.
La hipótesis circula y merece ser examinada si aparecen indicios objetivos. Pero hasta ahora no existe una prueba que permita atribuir la operación a Estados Unidos o Israel.
Y precisamente por eso debe formularse como lo que es: una hipótesis geopolítica que no ha sido demostrada.
La guerra híbrida también se libra en las redes
Las fronteras actuales no se encuentran únicamente en el territorio físico. También están en internet.
Una crisis migratoria de semejantes dimensiones puede convertirse rápidamente en una crisis informativa: imágenes descontextualizadas, vídeos antiguos, rumores, falsas cifras, mensajes racistas y llamamientos a la violencia. Todo ello puede amplificar una situación real hasta convertirla en algo mucho más difícil de gestionar.
En el caso de Ceuta, distintos análisis han señalado la existencia de campañas de desinformación y de amplificación de contenidos.
Eso tampoco significa que toda información incómoda sea desinformación, ni que cualquier crítica a las políticas migratorias forme parte de una operación extranjera. La libertad de expresión incluye la crítica.
Pero la manipulación deliberada de información constituye otra cosa. Y cuando esa manipulación busca enfrentar a una población contra otra, destruir la confianza en las instituciones o provocar violencia, puede convertirse en un elemento más de una estrategia híbrida.
Y existe ahora un dato que hace todavía más importante esta cuestión. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ha registrado un fuerte incremento de los discursos de odio en redes sociales después de la entrada masiva. Según los datos difundidos hoy, en agosto se contabilizaron 101.025 mensajes de odio, frente a los 57.406 registrados en julio, un incremento del 76 %. El 72 % se dirigió contra personas del norte de África, mientras que también aumentaron los mensajes contra personas musulmanas, mujeres y menores no acompañados.
La dimensión de este fenómeno no debe confundirse con una prueba de una operación extranjera. Pero sí demuestra que la crisis migratoria ha tenido una segunda consecuencia: la construcción acelerada de un discurso de amenaza y deshumanización en el espacio digital.
Cuando ayudar se convierte en provocación
Durante la crisis se han producido episodios de hostilidad contra organizaciones humanitarias que estaban distribuyendo alimentos y agua. Se han bloqueado vehículos de ayuda, se han producido protestas contra la presencia de personas migrantes y se han destruido o incendiado pertenencias y asentamientos improvisados.
El problema no es solamente humanitario. Es también democrático.
Una sociedad puede discutir sobre inmigración, discutir sobre fronteras, exigir al Gobierno que cumpla sus obligaciones y reclamar más recursos para Ceuta.
Pero impedir que una organización humanitaria distribuya alimentos o agua a personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad no es una política migratoria.
Es otra cosa. Y debemos llamarla por su nombre.
Cuando informar también se convierte en un riesgo
La crisis también ha generado episodios preocupantes de hostigamiento contra periodistas.
Profesionales de distintos medios han denunciado insultos, amenazas y ataques vinculados a la cobertura de los acontecimientos.
Esto es especialmente grave, porque una sociedad sometida a una crisis necesita más periodismo, no menos.
Si solamente puede informar quien confirma una determinada narrativa, entonces ya no estamos ante información. Estamos ante propaganda.
Y precisamente por eso la libertad de prensa constituye también un elemento de seguridad democrática.
Una población sometida a miedo necesita información fiable.
No necesita que se le diga a quién debe odiar.
Ceuta no es Marruecos
Hay otra confusión que debe ser combatida con absoluta claridad.
Los ciudadanos ceutíes de origen marroquí, árabe o musulmán no representan al Estado marroquí.
Son españoles. Son ciudadanos de Ceuta. Tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano español.
Convertir el origen étnico, la religión o los vínculos familiares con Marruecos en una sospecha de deslealtad sería profundamente injusto.
Una cosa es investigar la posible actuación de un Estado extranjero. Otra muy distinta es convertir a una comunidad entera en sospechosa.
La primera puede ser una obligación institucional. La segunda sería discriminación.
¿Qué ocurrió realmente?
A estas alturas existen varias preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva.
¿Fue una movilización espontánea? ¿Fue facilitada? ¿Fue tolerada deliberadamente? ¿Fue organizada? ¿Existió una decisión política en Marruecos? ¿Hubo diferentes actores actuando simultáneamente?
¿Se produjo una cadena de errores de inteligencia? ¿Se conocía la magnitud real del movimiento? ¿Se transmitieron correctamente los avisos? ¿Se adoptaron las medidas necesarias? ¿Hubo información que no llegó a quienes tenían que recibirla? ¿Hubo una actuación deliberadamente pasiva de las fuerzas marroquíes? ¿O simplemente se produjo un desbordamiento de sus propios mecanismos de control?
Los documentos desclasificados pueden ayudar a responder algunas de estas preguntas, pero no todas.
Y ahí está la importancia de la investigación judicial.
Porque una crisis de esta magnitud no puede terminar reducida a una batalla política entre Gobierno y oposición. Necesitamos saber qué ocurrió.
Una crisis dentro de otra crisis
Mientras políticos, jueces, periodistas y servicios de inteligencia discuten sobre lo ocurrido, miles de personas siguen viviendo en condiciones extremadamente precarias.
La dimensión del dispositivo también ha aumentado. El Gobierno cifra ahora en 4.160 las personas que se encuentran en plazas temporales de acogida y mantiene el objetivo de alcanzar alrededor de 6.000 plazas. Paralelamente, se han realizado 5.482 retornos voluntarios a Marruecos y 307 expulsiones, mientras se han tramitado 1.822 expedientes administrativos o triajes y alrededor de un centenar de personas han desistido de solicitar protección internacional.
La magnitud de las solicitudes de protección internacional constituye uno de los nuevos problemas de la crisis. Más de 5.000 personas han solicitado asilo, lo que ha obligado a desplegar un dispositivo policial y jurídico específico para identificar, entrevistar y tramitar individualmente los casos. El procedimiento incluye valoración inicial, asistencia letrada y posterior resolución de la Oficina de Asilo y Refugio, con posibilidad de recurso.
Esto introduce una cuestión jurídica fundamental: no todas las personas que entraron irregularmente tienen necesariamente la misma situación jurídica, y el hecho de haber cruzado una frontera de manera irregular no elimina el derecho a solicitar protección internacional cuando concurran los requisitos legales.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha reforzado la respuesta sanitaria. Aproximadamente 2.000 personas han sido vacunadas, mientras se prepara el traslado de unas 300 mujeres a espacios de acogida con mejores condiciones.
Pero la situación sobre el terreno continúa siendo extremadamente complicada.
El asentamiento de Benítez ha seguido creciendo y se extiende hacia la zona próxima a la desaladora de la ciudad, con cientos de estructuras improvisadas. La propia Ciudad Autónoma ha reclamado medidas urgentes por el impacto ambiental y la proximidad a una infraestructura crítica para el abastecimiento de agua.
La situación sanitaria también ha generado preocupación. Se han comunicado casos de varicela y varios ingresos hospitalarios entre personas migrantes, en un contexto de hacinamiento y condiciones precarias.
Y mientras continúan los asentamientos, también se producen episodios de violencia y delitos individuales que deben investigarse sin convertirlos en una condena colectiva. Se ha informado, por ejemplo, de la detención de tres migrantes por presuntos allanamientos de morada.
Todo ello demuestra que la crisis no ha terminado. Ha cambiado de forma.
No todo vale en nombre de la seguridad
La seguridad de las fronteras es una función legítima del Estado. Pero la seguridad no puede convertirse en una palabra mágica que permita justificar cualquier actuación.
No todo vale en nombre de la seguridad.
No vale devolver a un menor sin garantías. No vale criminalizar a una población entera. No vale agredir a periodistas. No vale impedir la asistencia humanitaria. No vale utilizar la violencia contra personas migrantes.
Y tampoco vale ignorar una posible instrumentalización de la migración por miedo a que investigarla pueda resultar políticamente incómodo.
La defensa de los derechos humanos no significa negar los problemas de seguridad. Significa exigir que la seguridad se ejerza dentro de la legalidad.
La respuesta institucional tampoco puede limitarse indefinidamente a improvisar espacios de emergencia. La situación actual ha obligado al Estado a movilizar recursos extraordinarios y a habilitar miles de plazas temporales, mientras se discute cómo evitar que una crisis semejante vuelva a producir un colapso inmediato de la capacidad de acogida.
El propio presidente Pedro Sánchez ha advertido hoy de que la recuperación de la normalidad puede prolongarse hasta final de año, lo que demuestra que el Gobierno ya no presenta la situación como una emergencia de pocos días, sino como una crisis de larga duración que requiere una respuesta sostenida.
El verdadero peligro de una guerra entre vecinos
España y Marruecos son países vecinos. Comparten frontera, intereses económicos, relaciones comerciales y problemas de seguridad, además de una historia compleja.
Una ruptura grave entre ambos países tendría consecuencias que irían mucho más allá de Ceuta.
La crisis ya ha tenido incluso repercusiones dentro del espacio europeo. Italia ha decidido prorrogar durante otros quince días la suspensión de la aplicación del régimen de libre circulación de Schengen con España, medida adoptada inicialmente tras la llegada masiva a Ceuta y justificada por razones de seguridad interna.
Este dato demuestra que una crisis localizada en una frontera española puede terminar generando consecuencias para el conjunto del espacio europeo. Por eso debemos evitar dos extremos.
El primero es la ingenuidad: pensar que ningún Estado puede utilizar instrumentos híbridos porque "somos vecinos" sería irresponsable.
El segundo es la paranoia: convertir cada movimiento migratorio, cada rumor o cada conflicto diplomático en una conspiración internacional tampoco ayuda.
Entre ambos extremos existe una tercera vía: la investigación rigurosa.
Investigar todas las hipótesis, incluso las incómodas
Hay una cierta tentación de dividir cualquier debate en dos posiciones.
Quien plantea que pudo existir una operación de instrumentalización migratoria sería automáticamente xenófobo.
Quien cuestiona esa hipótesis sería automáticamente cómplice de Marruecos.
Ambas posiciones son intelectualmente pobres. Se puede defender a las personas migrantes y, al mismo tiempo, investigar si fueron instrumentalizadas. Se puede defender el control fronterizo y, al mismo tiempo, defender los derechos humanos. Se puede investigar a Marruecos sin convertir a los marroquíes en enemigos.
También se puede criticar al Gobierno español sin afirmar que cometió delitos que todavía no han sido probados. Y se puede analizar la posible influencia de Estados Unidos, Israel, Rusia u otros actores sin convertir una hipótesis geopolítica en una certeza.
Eso es precisamente lo que exige el pensamiento crítico.
Y también exige analizar qué está ocurriendo en Europa como consecuencia de la crisis. El hecho de que otros Estados adopten medidas excepcionales de control demuestra que el problema ya no se limita a una cuestión de gestión local, sino que afecta a la confianza entre Estados miembros y a la propia arquitectura europea de fronteras y seguridad.
La respuesta europea tampoco debería reducirse a exigir más controles. Si Ceuta forma parte del territorio de la Unión Europea, la solidaridad europea debe manifestarse tanto en materia de seguridad como de protección internacional, infancia, acogida y derechos fundamentales.
Una última lección de la Marcha Verde
La documentación histórica sobre la Marcha Verde nos deja otra enseñanza.
Los grandes acontecimientos geopolíticos no siempre son visibles para quienes están en primera línea.
En 1975 hubo civiles que participaron en una marcha sin conocer necesariamente todas las negociaciones diplomáticas que se desarrollaban detrás de ella. Hubo militares que desconocían determinadas decisiones. Hubo diplomáticos que trabajaban sobre escenarios que podían cambiar en cuestión de horas. Y hubo potencias internacionales con intereses propios.
Las páginas de La historia prohibida del Sáhara español que hemos examinado muestran precisamente esa dimensión: negociaciones, propuestas, contactos, sospechas, operaciones en clave y comunicaciones internacionales que permiten comprender que detrás de un acontecimiento aparentemente simple puede existir una estructura mucho más compleja.
Pero la historia también nos enseña a ser prudentes.
Una fuente puede aportar una pieza. Un documento puede aportar otra. Un testimonio puede abrir una hipótesis. Y una investigación puede confirmar o descartar esa hipótesis.
Lo que no debemos hacer es convertir una pieza en el puzle entero.
No podemos permitir que las personas sean las armas
La crisis de Ceuta plantea una cuestión que va mucho más allá de Marruecos.
Nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando los seres humanos empiezan a ser tratados como instrumentos de presión.
Porque si las personas terminan convertidas en armas, quienes pierden no son únicamente quienes cruzaron una frontera. Perdemos todos.
Pero hay una última cuestión que no deberíamos olvidar.
Una frontera puede proteger un territorio, pero nunca debería convertirse en una frontera contra la humanidad.
Porque detrás de cada cifra, de cada expediente, de cada informe de inteligencia y de cada estrategia geopolítica hay personas.
Personas que pueden ser utilizadas por los Estados, instrumentalizadas por los discursos políticos, convertidas en objeto de odio o abandonadas en medio de una crisis que no han provocado.
Y precisamente por eso el Estado de derecho debe ser más fuerte que la propaganda, más fuerte que el miedo y más fuerte que cualquier estrategia de presión.
Porque una democracia se demuestra no solamente cuando protege sus fronteras, sino también cuando es capaz de proteger los derechos de quienes se encuentran al otro lado de ellas.
Las fronteras pueden ser territoriales. La dignidad humana no.
