El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) expresa su “más profunda preocupación y firme rechazo a las recientes declaraciones realizadas por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, en las que vuelve a asociar a los niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes familiares con la delincuencia y la violencia y en las que se difunden datos que además de carecer de rigor, aumentan el malestar hacía estos chicos y chicas en nuestra sociedad”.
A juicio de CEES Aragón “las palabras de un representante público no son inocuas. Cuando desde una institución se generaliza sobre un colectivo especialmente vulnerable y se proyecta sobre él una imagen de amenaza, se alimentan el miedo, el rechazo social y los discursos de odio, dificultando gravemente los procesos de inclusión y convivencia que diariamente se construyen desde los servicios sociales, el sistema de protección y la comunidad”.
Las educadoras y educadores sociales conocen de primera mano la realidad de estos niños, niñas y adolescentes. “Trabajamos con personas que han vivido procesos migratorios extremadamente duros, marcados por pérdidas, violencia, separación familiar y experiencias traumáticas. Reducir esta realidad a estereotipos o presentar casos concretos como si definieran a todo un colectivo constituye una grave irresponsabilidad institucional”, subrayan.
La política de la coalición PP-Vox vulnera los principios de protección de la infancia
En cualquier caso, reconocen que “como ocurre con cualquier grupo de población, pueden existir situaciones complejas que requieran respuestas educativas, sociales, sanitarias y, cuando corresponda, judiciales. Sin embargo, utilizar estas situaciones para construir un relato que criminaliza a toda una infancia vulnera los principios de protección de la infancia, dificulta la intervención profesional y erosiona la cohesión social”.
La Educación Social trabaja precisamente para prevenir la exclusión, favorecer la convivencia y garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar proyectos de vida dignos. “La evidencia profesional demuestra que la inmensa mayoría de los menores atendidos en el sistema de protección participan en procesos educativos positivos cuando cuentan con acompañamiento, estabilidad y oportunidades”, recalcan desde el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón.
Resulta especialmente preocupante “que este tipo de mensajes procedan de quien ostenta responsabilidades directas sobre las políticas de infancia y protección de menores” en nuestro país, como es el caso del vicepresidente de Azcón en su coalición trumpista, Alejandro Nolasco. “Las instituciones tienen el deber de promover discursos responsables, basados en datos y en el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier narrativa que fomente el estigma o la discriminación”, subrayan desde el colegio profesional.
Igualmente, desde CEES Aragón reiteran su respaldo “a los equipos educativos que desarrollan diariamente una labor compleja y altamente especializada en los recursos de protección de menores. Su trabajo constituye una pieza esencial del sistema de garantía de derechos y merece reconocimiento institucional, no discursos que dificulten su intervención y pongan en cuestión la convivencia”.
La ONU establece que niños, niñas y adolescentes, con independencia de su origen, son sujetos de derechos
Cabe recordar que todos los niños, niñas y adolescentes, con independencia de su origen o situación administrativa, son sujetos de derechos conforme a la Convención sobre los Derechos de la Infancia de la ONU, y a las legislaciones aragonesa y española en materia de protección a la infancia.
Por todo ello, CEES Aragón insta a los responsables públicos aragoneses “a ejercer un liderazgo institucional responsable, basado en el rigor, la protección de la infancia y el respeto hacia los y las profesionales que trabajan diariamente con estos jóvenes”.
“La construcción de una sociedad más segura nunca será compatible con la estigmatización de quienes más protección necesitan. La seguridad y la convivencia se construyen desde la educación, los derechos, el acompañamiento profesional y las políticas públicas responsables”, concluyen.
