El VI convenio del sector de establecimientos sanitarios, hospitalización y asistencia privada de Aragón ha tenido una vigencia de tres años, en el periodo comprendido entre el año 2018 y 2020, y afecta a los 5.000 trabajadores y trabajadoras del sector. “Firmamos un acuerdo con un incremento salarial del 5% en los tres años que tiene vigencia el convenio. El 0,5% en 2018, el 2,25% en 2019 y el 2,25% en el 2020. También reducíamos la jornada laboral en siete horas. Era un buen acuerdo, un convenio en el que no ha habido conflictividad en la negociación… no entendemos que hayan denegado nuestra propuesta para prorrogar el convenio un año más”, asegura Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO Aragón.
CCOO y UGT señalan que la sanidad privada aragonesa goza de un buen momento económico. “El grupo Hernán Cortes ha abierto una clínica nueva. Conocemos por los medios de comunicación que el grupo Quirón pretende una expansión y van a construir un nuevo hospital, en el suelo que ha ofrecido el Ayuntamiento de Zaragoza y superando el precio de salida que había establecido el consistorio de la capital aragonesa”, comenta Delia Lizana.
Frente a la situación de bonanza económica que goza la patronal del sector e inmersos en una grave pandemia sanitaria, CCOO y UGT no entienden la necesidad de denunciar un convenio válido e intentar precarizar así, las condiciones laborales de un sector vital. “No podemos reunirnos de manera presencial, no debemos tener a los trabajadores y trabajadoras en una situación de gran incertidumbre y en un momento en el que se necesitan más profesionales tanto en la sanidad privada como en la pública”, critica Lizana.
Alicia Hernández, secretaria de la Federación de Empleados y Empeladas de los Servicios Públicos de UGT Aragón (FESP UGT Aragón) ha aseverado que la decisión de la patronal AESA de no prorrogar el convenio colectivo tiene como principal consecuencia que a partir del 1 de enero -si las partes no alcanzan un acuerdo- los trabajadores y trabajadoras de la sanidad privada tengan una “subida salarial cero”.
Según ha explicado, el convenio colectivo del sector ya contemplaba la posibilidad de prorrogarse durante un año con un incremento del 0’5 por ciento, "que, aunque es poco es lo más razonable mientras dure la situación de crisis sanitaria y las limitaciones establecidas por la actual normativa". “No nos vemos en condiciones de alcanzar un acuerdo para recuperar el poder adquisitivo y mejorar sus condiciones laborales en este contexto y con la carencia de profesionales existentes”, incide Alicia Hernández.
Ante esta situación ha declarado que cuando se pueda constituir la Comisión negociadora del convenio la propuesta de los sindicatos será “contundente” porque tendrá que mejorar las condiciones que ya se tenían. “Espero que la patronal sea ágil en la respuesta y que haya una mejora real de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que les permita 'semihomologarse' con el sector público y conseguir que se sientan fidelizados”.
