A las 10.00 de la mañana de este viernes, las dos centrales sindicales convocaban a sus delegados y delegadas a una asamblea informativa en el centro Pignatelli. Marcan tres objetivos prioritarios para esta campaña: la recuperación de derechos, salarios y reforzar el escenario de la negociación colectiva en el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Guillermo Herraiz, responsable del área pública de CCOO Aragón, ha argumentado que “lo que se vende en los medios de comunicación desde el Gobierno es que se ha acabado la crisis, los funcionarios públicos sufrimos una serie de recortes a causa de esta crisis y es el momento de recuperar salarios y derechos sindicales perdidos en este tiempo”.
Algo que para Herraiz es fundamental porque supondrá que mejore la calidad de los servicios públicos que es lo que “garantiza una cierta equidad social y que la ciudadanía pueda vivir con igualdad de condiciones”.
Manuel Pina, Secretario General de CCOO Aragón, ha defendido campañas como esta porque hay que “visibilizar los problemas de desigualdad que estamos viviendo, de degradación de derechos laborales y debilitamiento de las redes de protección” y se basan en la unidad de acción sindical porque “juntos no solo sumamos, sino que multiplicamos las fuerzas”.
Tras la asamblea, representantes de ambos sindicatos y trabajadores de la empresa pública han recorrido las calles de Independencia, Coso, Don Jaime para finalizar la marcha en la sede de la delegación del Gobierno, ubicada en la Plaza del Pilar. El lema de la pancarta que encabezaba la manifestación ha sido: "¡Ahora! salarios, empleo público y derechos".
Durante el recorrido que han realizado hasta la delegación del Gobierno español, las y los manifestantes han proferido diversos cánticos en referencia a la recuperación de sus derechos, como: "lo público no se vende, se defiende", "la crisis ha acabado y no lo he notado" o "Rajoy cretino, trabaja de interino".
En la Delegación de Gobierno, al término de la manifestación, se ha leído un manifiesto en el que se señalaba que durante todo este largo período de crisis económica "las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos no han sido ajenas a las políticas de recortes".
Así, señalan que "se han perdido cerca de 350.000 puestos de trabajo, recortado y posteriormente congelado salarios y eliminado derechos conquistados en materias tan sensibles como jornadas, conciliación, igualdad, salud laboral, formación o acción social".
