CCOO recuerda, a través de una nota de prensa, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales garantiza que toda actividad profesional debe conllevar las correspondientes garantías de seguridad y salud y, que no respetarse estas, puede generar la suspensión de la actividad laboral como ya ha obligado el sindicato en diferentes empresas.
Comparte, asimismo, que la vuelta a la actividad lectiva presencial se debe producir en septiembre, y que regular excepciones puede dar pie a incorporaciones de trabajadores y trabajadoras y alumnado sin las garantías sanitarias correspondientes.
Para el sindicato las decisiones que finalmente se tomen deben estar presididas por la protección de la salud del profesorado, del alumnado y del personal de administración y servicios. Por ello exige a Felipe Faci negociar con las organizaciones sindicales representativas un Plan Integral de Prevención frente al COVID-19 que contemple todas las medidas necesarias para garantizar la salud de todas las personas presentes en los centros educativos, desde al acceso a las pruebas diagnósticas, pasando por dotar de equipos de protección individual (EPI), por desinfectar las instalaciones educativas, por garantizar el necesario distanciamiento social, entre otras medidas.
Para la formación sindical, algunas de las medidas anunciadas tienen más que ver con la conciliación que con la educación. "Especialmente llamativo resulta el caso de Educación Infantil, etapa en la que el Gobierno ha previsto que se acoja en los centros educativos al alumnado cuyos progenitores acrediten que tienen que trabajar presencialmente". Se trata -a su juicio- de una medida claramente orientada a la conciliación, que "deja de lado el carácter educativo de la etapa, pero que además puede poner en riesgo la salud de profesorado, alumnado y personal de apoyo en una etapa en que resulta especialmente complicado garantizar medidas de protección: uso de mascarillas, higiene de manos, evitar contacto físico o mantener distancia de seguridad, entre otras".
Al mismo tiempo determina que urge aclarar cómo compatibilizar, en la tercera fase de desconfinamiento, la asistencia voluntaria a los centros de los y las estudiantes de cursos terminales de 4º de la ESO, 2º Bachillerato y 2º de Ciclos Formativos, en tanto que el profesorado debe seguir con su actividad docente telemática. "La modificación de las condiciones laborales no puede imponerse sin negociación colectiva", agregan.
El sindicato entiende que la vuelta del alumnado de los centros educativos "no puede quedar sujeta exclusivamente a la voluntariedad de las familias, si previamente no ha existido una planificación y evaluación de la actividad que garantice una adecuada atención, siempre junto a las correspondientes garantías sanitarias porque la salud de las personas debe ser lo primero y más básico".
Por otro lado, la Orden EFP/365/2020, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del siguiente, establece que se pondrá en marcha un “comité de expertos” para abordar los planes de contingencia para el próximo curso y analizar la experiencia acumulada. Para CCOO, las organizaciones sindicales más representativas "deben formar parte de este comité pues no se puede preparar el curso sin la participación de la representación del profesorado, menos aún en este caso, en el que habrá que preparar un inicio de curso que permita enlazar con los contenidos esenciales del tercer trimestre que han quedado sin desarrollar poniendo a disposición de los centros los recursos materiales y humanos necesarios".
"Hay que abordar una reflexión sobre tiempos y espacios escolares que nos permita atender a la evolución de la pandemia. Todo ello va a exigir incrementar las plantillas de los centros educativos y los recursos materiales, lo que es tanto como decir que hay que hacer de la educación una prioridad política y presupuestaria", aseveran.
